Así es, el caso de los normalistas en Ayotzinapa llegó a oídos europeos y un grupo de 16 diputados del Parlamento Europeo se manifestaron «profundamente consternados» por los hechos ocurridos y pidieron que el proceso de modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea que se negocia actualmente sea suspendido hasta poder «reconstruir la confianza» en las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos.
Y no creemos que el susto de los eurodiputados sea exagerado, se supone que en una de las economías más grandes del mundo y en un país supuestamente republicano y democrático como lo es México no deberían ocurrir violaciones a los derechos humanos como las que sucedieron en Ayotzinapa o en Tlatlaya, sobre todo, porque en ambos casos están involucrados elementos de seguridad (Ejército y Policía).
Catherine Ashton, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos exteriores escribió a Federica Mogherini, quien fue designada para reemplazarla a partir del 1 de noviembre, y al presidente Peña Nieto:
«El Acuerdo Global del 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, celebrados entre México y la UE, establecen mecanismos de cooperación entre ambas partes en el respeto indivisible de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos
Por lo tanto, creemos firmemente que cualquier modernización del Acuerdo Global, como se prevé para el próximo 2015, tiene que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberalización deben ser revisadas.
El primer y principal deber ahora es reconstruir la confianza en la aplicación efectiva del respeto de los derechos humanos, a los que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel nacional e internacional».
En la carta se enfatiza que el crimen organizado:
«tiene que ser detenido, dondequiera que se halle, y las lagunas jurídicas tienen que ser eliminadas más allá del área económica (pues) los efectos secundarios son indeseables».
Los que firman la carta, entre los que está también la vicepresidente del Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, afirman que tanto México como la Unión Europea «tienen una responsabilidad compartida».
Los signatarios de la carta provienen de Austria, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Reino Unido, España y Bélgica, además de que se unieron 4 diputados del Parlamento Alemán (el Bundestag).
Los legisladores expresaron:
«Ya es hora de acabar con la impunidad en México».
Y exigen que:
«No deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar».
También demandan:
«Le instamos a que haga todo lo posible para esclarecer plenamente los hechos en Iguala, Guerrero y para sancionar a todos los responsables. Y exigimos firmemente que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado de manera significativa».
La diputada Franziska Keller escribió en su blog que «ya es hora de elevar el tono con México en materia de derechos humanos».
Parece que ignorar el tema de la violencia y la impunidad en México nos está empezando a costar muchísimo más de lo que ya nos cuesta (la violencia y la corrupción afectan al turismo y pueden hacer que no se invierta en nuestro país, además de que le cuesta a la economía local todos los abusos de los que son víctimas los empresarios mexicanos, sobre todo los pequeños).
La imagen del país está muy comprometida, Peña vendió en el extranjero que México ya estaba listo para unirse al coro de las naciones desarrolladas y ellas se han dado cuenta de que… bueno, una cosa es vender una imagen y otra cosa es hacer cosas de verdad en el país.
