El día de hoy tanto el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hablaron sobre las estrategias que utilizará el gobierno para combatir la corrupción y los conflictos de interés, pero ¿podemos confiar en sus acciones? ¿qué es lo que nos llama tanto la atención? (además del ahora clásico, #YaSeQueNoAplauden)?
El día de hoy el Peña Nieto habló sobre las medidas que tomará respecto de los escándalos de conflictos de interés (al parecer, por fin la Secretaría de la Función Pública hará su chamba). Hoy por la mañana Luis Videgaray estuvo con Carlos Marín en su programa El asalto a la razón, donde dijo algunas cosas que podrían interesarles como que en la discusión del sistema anticorrupción (sistema que diputados y senadores han dejado relegado como si no lo necesitáramos) se tome en cuenta los que existen en Gran Bretaña y Canadá para prevenir casos de conflicto de interés.
¿Por qué hablar de conflictos de interés?
Desde hace semanas es el tema del momento en el país (por las casas de Peña, Angélica Rivera y el mismo Luis Videgaray, las cuales pertenecían al dueño de grupo Higa, quien ha sido beneficiario de varios proyectos en las administraciones de Peña Nieto), así que el gobierno quiere limpiar su no tan buen nombre.
Una de las acciones que se tomarán será que sea obligatoria no solo la declaración patrimonial de los servidores públicos sino también una declaración de conflictos de interés y hasta de posibles conflictos que se puedan tener en el futuro.
¿Se acuerdan de que el viernes pasado el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, habló de los recortes que habría en el gasto público del país y que le preguntaron sobre el crédito que le dieron para su casa de Malinalco y cómo no contestó?
Bueno si no se acuerdan aquí está (¡Ah, maravilloso internet que todo lo tienes y guardas!):
Como ven el señor ignoró olímpicamente (como solo Zeus podría haber hecho) la pregunta del periodista de Bloomberg. El periodista solo preguntó sobre la tasa de interés del préstamo del que supuestamente fue beneficiario el secretario de Hacienda para hacerse de su casita.
Ya estando en confianza, en el programa de Milenio reveló que la tasa de interés del crédito fue del 5.31 % y añadió un nuevo dato:
“Tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público, el terreno de a lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así”
Pero según Gerardo Esquivel, la tasa real de mercado era del 8% ¿no es esto ya, de entrada, un trato preferencial?
Pero bueno, Videgaray dice que si en México existiera la legislación para que todos los servidores públicos hicieran su declaración de conflicto de interés se hubiera evitado el debate que surgió con la publicación del artículo del Wall Steet Journal sobre su casa.
“Los servidores públicos tenemos que entender que desde que decidimos entrar a esta actividad, vamos a estar sujetos al escrutinio público”
Tanto el presidente como el secretario han insistido en que no han violado ningún precepto legal, naturalmente siempre hemos estado de acuerdo con ellos, el problema es que nunca ha habido legislación al respecto, así que no era ilegal, el juicio antes que nada era de carácter ético, no legal.
Nuestras dudas
Peña dijo los señalamientos contra él surgieron porque en México no contamos con los mecanismos adecuados para detallar el conflicto de interés así que tomará medidas para dejar las cosas claras, por ejemplo a partir de mayo los servidores públicos deberán declarar lo que crean será un conflicto de interés… Pero esto nos hace preguntarnos ¿cómo es que lo harán? ¿será solamente el criterio del funcionario el que sirva para determinar esto? ¿y si se destapa un conflicto y no fue declarado, qué procede?
¿Cómo es que sancionará la nueva unidad de Ética y Prevención de Conflictos de Interés? En todo caso ¿cómo funcionará? ¿son sanciones por procedimiento o se legislará para que se proceda judicialmente? ¿Si un funcionario actúa por conveniencia propia y sin ética, qué piensa el gobierno que le debe pasar? ¿un regaño, una multa, la pérdida del cargo, la cárcel o qué?
Otra medida interna es la que establece los protocolos de contacto entre particulares (empresarios) y los funcionarios encargados de decidir los contratos… pero en caso de falta ¿qué procede? Hasta donde vamos no han establecido que vaya a haber castigos ejemplares contra los funcionarios corruptos.
¿Quién vigilará a los vigilantes?
Así es, el gobierno nos propone que él mismo se va a auditar..así es, será una dependencia del gobierno la que haga este trabajo ¿por qué no crearon un consejo ciudadano, o hicieron una estructura donde participen ONGs? ¿o una estructura mixta? En vez de dejarle a alguien más hacer el examen, el gobierno sigue centralizando sus funciones correctoras en sí mismo.
Pero la Secretaría de la Función Pública no es nueva, y si antes no ha servido para evitar la corrupción ¿por qué deberíamos confiar en ella ahora?
Además habrá convenios de colaboración entre funcionarios y empresas para evitar casos de corrupción ¿pero no es el matrimonio entre empresarios y políticos el que nos hace desconfiar de ellos? ¿Dónde están las ONGs, dónde la ciudadanía de a pie?
Al final nos dice el presidente que su funcionario, Virgilio Andrade, el nuevo secretario de la Función Pública será el que se encargue de investigar si hubo conflicto de interés con las empresas que celebraron contratos con él, su esposa y sus secretario de Hacienda.
Parece que en una oportunidad de descentralizar el poder y ciudadanizar la política se volvió a perder gracias a la nueva administración… ¿o ustedes qué creen?
