En las últimas semanas la sociedad financiera popular Ficrea ha sido noticia al defraudar a casi siete mil personas que confiaron sus ahorros a esta institución. Aquí te decimos lo que tienes que saber del caso.
¿Qué es Ficrea?
Ficrea era una empresa avalada por el gobierno, que brindaba servicios financieros básicos como productos de inversión, ahorro y créditos desde el 2008. Funcionaba como Sociedad Financiera Popular (Sofipo).
Las sofipos son mini empresas privadas que tienen algunas funciones bancarias, principalmente de cajas de ahorro. Básicamente funcionan así: Pedro invierte sus ahorros en la caja; ese dinero se le presta a Luis y con los intereses que generan el crédito de Luis, se le paga a Pedro una tasa de interés por sus depósitos.
El gran anzuelo eran los rendimientos de hasta 10 por ciento al año.
Para generar esos intereses se necesita colocar créditos, sin estos, no hay rendimiento para los ahorradores. Estas sofipos están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes realizan auditorías constantes.
¿Cuál fue el problema con Ficrea?
Ficrea fue comprada por un grupo de accionistas encabezado por Rafael Olvera en 2010. Los nuevos dueños hicieron crecer la empresa en muy poco tiempo. Sergio Ortiz, el director general, presumía que los activos habían crecido rápidamente y veía la posibilidad de que la institución financiera se convirtiera en banco, ya que era la segunda sociedad de ahorro popular más grande del país.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores realizó una auditoría a la empresa y detectó operaciones cuestionables, se dio cuenta que algunos de los créditos no aparecieron, así que bajo sospecha de una administración fraudulenta o lavado de dinero, se ordenó la suspensión de sus actividades, el cierre de sus sucursales y el congelamiento de las cuentas de Leadman, empresa a la que Ficrea transfería los recursos.
Para el 7 de noviembre ordenaron la intervención y suspensión de actividades. Después de un mes de investigaciones, el pasado 19 de diciembre la CNBV anunció la disolución y liquidación de Ficrea por utilizar el dinero de los ahorradores para gastos personales de los socios y directivos de la empresa.
La institución generaba 0.30 pesos por cada peso aportado por sus accionistas pero se iban al bolsillo de Olvera ¿cómo? Ficrea obligaba a los prestatarios a firmar dos contratos, uno con Ficrea por un crédito bancario y el otro con alguna de las tres empresas relacionadas con Ficrea: Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial. Al final, el primer contrato reflejaba que la sofipo estaba otorgando créditos, mientras el segundo les permitía transferir recursos a una empresa no supervisada por la CNBV.
Con estas compañías, los socios mayoritarios realizaron “gastos excesivos” con los recursos de los ahorradores.
¿Quién es el culpable?
Rafael Olvera Amezcua, dueño de la Sociedad Financiera Popular Ficrea está acusado de un fraude por dos mil 700 millones de pesos.
Aproximadamente 6,633 clientes fueron estafados al firmar créditos ficticios mediante documentos falsos con los que Olvera cobró más de 77 millones de pesos con los que se dio la gran vida. Dichos recursos se utilizaron para la adquisición de casas, joyas y automóviles: 10 autos de marca Porsche y BMW, el adelanto para la compra de un edificio de ocho millones de dólares en Londres, así como para el pago de publicidad en diversos eventos de Fórmula 1, Nascar, obras de teatro y efectuaron transferencias internacionales a Estados Unidos y España.
¿Les van a regresar su dinero?
Según la Ley de Ahorro y Crédito Popular de la CNBV, los ahorradores cuentan con un Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares:
“El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil UDIS, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular o Sociedad Financiera Comunitaria, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.”
El monto máximo que cubre el seguro es de $131,547.15, por lo que aquellos que invirtieron menos de 130 mil pesos tendrán su dinero de regreso, en este caso se encuentran sólo el 42% de los ahorradores, es decir, apenas 2 mil 500 de los más de 6 mil 800 que tenían sus recursos en esta Sofipo.
De una cartera de 6 mil 284 millones de pesos, hay poco más de la mitad: 3 mil 200 millones. Así que los inversionistas medianos y quienes depositaron cantidades millonarias apenas recuperarán un tercio de lo que invirtieron y tendrán que esperar que se realice la venta de inmuebles y activos de Ficrea. En este caso está el 52%, aproximadamente 6 mil 400 ahorradores. Esto significa que algunos ahorradores podrán perder hasta el 70 por ciento de sus depósitos.
Los ahorradores interesados en tramitar el Fondo de Protección pueden hacerlo en nueve diferentes sucursales de la institución financiera en el país: Monte Camerún; Naucalpan; Palmas I; Palmas II; Gran Sur, en el Distrito Federal y Zona Metropolitana, Saltillo, Monterrey, León y Guadalajara.
¿Otro Fobaproa?
Los ahorradores, que en su mayoría son personas de la tercera edad, han organizado protestas en las que exigen que se revoque la disolución y la liquidación. Piden que así como se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en el 1990 para salvar a los bancos del país, se debería crear un fondo para el caso Ficrea.
Santina Franco Vera, representante de los ahorradores afirma que quienes depositaron en Ficrea pensaron que la institución era solvente y honesta porque estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Si la autoridad fue omisa, entonces debe devolver todo el dinero de los ahorradores. Uno está confiado en las autoridades financieras. La autoridad permitió que nos hicieran este fraude”.
Por lo que mantienen sus movilizaciones en las que piden a las autoridades rescatar a la Sofipo para que tengan posibilidades de recuperar su dinero.
