Por Lucía Petersen
Detrás de si deben o no continuar las estancias infantiles hay una discusión pendiente que es más amplia: la (precaria) política de cuidados en México. Históricamente se ha invisibilizado el trabajo no remunerado en los hogares. En 2017, según datos del INEGI, representó un valor económico de “solamente” 23% del Producto Interno Bruto de nuestro país. En ese mismo año, casi 78% del tiempo destinado a estas actividades fueron realizadas por mujeres.
¿Qué nos dicen estas cifras? Es evidente y se ha repetido por años, pero pareciera que ha sido insuficiente: las mujeres somos quienes le dedicamos más tiempo a los trabajos del hogar y al cuidado de personas con alguna dependencia —niñas, niños, adultos mayores o personas con alguna enfermedad dependientes de otra personas—, lo que impide dedicarnos también al desarrollo profesional o personal. Lo peor es que esas actividades tienen un valor económico y social que apenas comienza a ser reconocido.
Seguramente el Programa de Estancias Infantiles (PEI) ha operado con irregularidades, como muchos otros programas y políticas que han servido para construir redes clientelares y de corrupción en nuestro país. Sin duda es necesario hacer evaluaciones que sirvan para detectar riesgos y necesidades para garantizar la congruencia entre el diseño y objetivo del programa, con sus resultados e indicadores. Sin embargo, que el Estado renuncie a proveer este servicio no hace más que perpetuar una desigualdad estructural que afecta, en su mayoría, a las mujeres.
Reconociendo los límites, fallas y vicios del PEI, según el Informe del Coneval, las personas beneficiarias disponen de 34 horas a la semana, 74 de cada 100 personas (beneficiadas por más de dos meses) pudieron acceder a un trabajo remunerado; igualmente, 92 de cada 100 de las personas que ya tenían un trabajo remunerado, y accedieron al programa, pudieron mantener esa fuente de ingreso.
Son 327,975 niñas y niños que hasta 2017 recibieron atención en 9,388 estancias infantiles; 310,968 personas (tanto madres como padres y tutores) que pudieron acceder o mantener un trabajo remunerado. La siguiente pregunta es, por tanto, ¿qué sucede con quienes recibían este servicio y a partir de ahora recibirán no un servicio, sino dinero?
Eliminar las estancias infantiles, reemplazándolas por programas de transferencia directa de dinero implica que el Estado está renunciando a proveer este servicio, sin saber si en efecto ese dinero se está destinando para el cuidado de los niños, sin conocer las condiciones de seguridad y calidad del servicio. Existan o no irregularidades en las estancias, había información suficiente para determinar cómo mejorar el servicio y ampliar la cantidad de beneficiarios.
El cuidado de las niñas y niños es sólo una pieza. Una política integral de cuidados permitirá (i) que el trabajo del hogar y de cuidados sea remunerado y valorado socialmente, y (ii) que las mujeres nos enfrentemos al mundo laboral en menores condiciones de desigualdad frente a los hombres.
Esto implica no nada más que las mujeres dispongan de su tiempo para trabajar o desarrollar otras actividades, implica también que las responsabilidades de los hogar sean redistribuidas entre hombres y mujeres. El cuidado y la educación de los niños y las niñas no es responsabilidad de las mujeres por ser mujeres. Repensemos los roles dejando de lado el género.
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Lucía Petersen es miembro de Wikipolítica CDMX, una organización política sin filiaciones partidistas.
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