El Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo en secreto los registros telefónicos de los periodistas y editores Associated Press, durante dos meses.
En los registros obtenidos por el Departamento de Justicia, destacan las llamadas salientes y números de teléfono personales de los periodistas, en las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut; no se sabe con claridad si los registros incluyen las llamadas entrantes o la duración de las llamadas. El gobierno no quiso decir por qué solicitó los registros.
En total, el gobierno se apoderó de los registros de más de 20 líneas telefónicas separadas asignadas a AP y sus periodistas en abril y mayo de 2012. El número exacto de los periodistas que utilizan las líneas telefónicas durante ese período no se conoce, pero más de 100 periodistas trabajan en las oficinas de esa agencia de noticias.
El presidente de AP, Gary Pruitt, envió una carta de protesta al Fiscal General Eric Holder, en la que menciona que el gobierno solicitó y obtuvo información más allá de lo que se podría justificar sin una investigación específica. Exigieron la devolución de los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
“No existe justificación alguna para una investigación tan minuciosa a nuestros periodistas. Estos registros revelan potencialmente datos confidenciales referentes a todas las actividades de recopilación de noticias realizados por la AP durante un período de dos meses, que el gobierno no tendría porque indagar”.
William Miller, uno de los abogados, dijo el lunes que el gobierno norteamericano sigue “todas las leyes, reglamentos federales y las políticas del Departamento de Justicia, al emitir citaciones para los registros telefónicos de los medios de comunicación”, pero no quiso responder a preguntas acerca de la detalles de los registros de AP. “No hacemos comentarios sobre las investigaciones penales en curso”, dijo Miller en un correo electrónico.
El Departamento de Justicia establece normas estrictas para la obtención de los registros telefónicos de las agencias de noticias, de acuerdo al protocolo, se hace una citación sólo después de que se han realizado “todos los intentos razonables” para obtener la misma información de otras fuentes. No están claras esas otras fuentes que emplea el Departamento de Justicia para obtener información.
Funcionarios norteamericanos mencionaron en un testimonio público que el fiscal de EE.UU. en Washington está llevando a cabo una investigación penal referente a información clasificada divulgada sin autorización, lo que se consideró un complot terrorista. La historia revela detalles de una operación de la CIA en Yemen, acerca de un complot de Al Qaeda en la primavera de 2012 para detonar una bomba en un avión con destino a los Estados Unidos, información que AP publicó un 07 de mayo 2012.
Los registros fueron presuntamente obtenidos de las compañías telefónicas a principios de este año; entre los números telefónicos se incluyen los de cinco periodistas y un editor que estuvieron involucrados en el caso que se encuentra en investigación.
La administración Obama ha investigado enérgicamente la divulgación de información clasificada en los medios de comunicación y ha llevado a juicio seis casos contra personas sospechosas de proporcionar información clasificada, cifra que supera a sus predecesores.
