María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde perredista del municipio guerrerense de Iguala, José Luis Abarca, recibió este lunes el auto de formal prisión tras finalizar el plazo del amparo que promovió en contra de su detención.
Los cargos que le imputó un juzgado penal del Estado de México, según reporta el diario Milenio, son por delincuencia organizada, en la hipótesis de cometer delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Nada de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Según las pruebas de la PGR, la también ex presidenta del DIF de Iguala formó parte de la banda criminal Guerreros Unidos, de la cual recibía dinero para invertirlo en la venta y distribución de droga y la compra de inmuebles.
Además, a Pineda Villa se le detectaron ingresos millonarios no comprobables, pero no se reportó nada relacionado a las múltiples propiedades de la esposa de Abarca, entre las que se encuentran joyerías y un centro comercial en Iguala.
Otro señalamiento de la PGR, cita Milenio, fue que Pineda Villa formaba parte de Guerreros Unidos por lo menos desde 2005 hasta el 4 de noviembre de 2014, cuando fue detenida en una casa de Iztapalapa en compañía de su esposo, tras darse a la fuga cuando se les comenzó a buscar a ambos por la desaparición de los 43 normalistas.
El pasado cuatro de enero la esposa de Abarca fue trasladada a un penal federal ubicado en Tepic, Nayarit. Luego, el seis de enero se negó a declarar ante el juez con residencia en Toluca y solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 a 144 horas.
Ese día se informó que la PGR la acusaba de haber sido parte del cártel de los Beltrán Leyva y de Guerreros Unidos, organización a la cual la Procuraduría le atribuye la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la madrugada del 27 de septiembre pasado.
María de los Ángeles Pineda fue detenida el 4 de noviembre junto con su esposo en la delegación Iztapalapa y permaneció bajo arraigo en el Centro de Investigaciones Federales de la misma PGR en la Ciudad de México durante 60 días.
