El hecho de que el gobierno federal haya espiado las comunicaciones privadas de periodistas y activistas, no es motivo para para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) meta las manos para saber quién ordenó la compra del programa espía, bajo qué justificación se checa a periodistas con una herramienta exclusiva para el rastreo de delincuentes y tantas otras preguntas que tienen que ver con el programa espía Pegasus.
Por mayoría de votos, el Comité del recién creado SNA rechazó solicitar al gobierno federal aclarar cualquier información que tenga que ver con el reportaje publicado por The New York Times, en el que se reveló la práctica de espionaje contra periodistas y activistas. No es que espiar no sea delito… pero como no está en el catálogo de corrupción, no tienen atribuciones para hacer la solicitud, justificaron los integrantes del pleno.
Lo curioso de la resolución del SNA es que una de sus integrantes es Arely Gómez, quien en su fantasmal paso como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo conocimiento de las prácticas de espionaje, pero nomás de las “legales”… de las otras no y no tiene la curiosidad de querer saber quién las anduvo haciendo durante su administración.
De acuerdo con Animal Político, La única del Comité que se mostró a favor de indagar al respecto fue la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, Jaqueline Peschard, quien explicó que la corrupción en el caso reside en el hecho de que “existe una violación a los derechos fundamentales y la vida privada de las personas”.
Sin embargo, Carlos Chaurand, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, (TFJA) alegó que -en efecto- las intervenciones telefónicas cuando son ilegales constituyen un acto “reprobable”… pero el caso de Pegasus, el espionaje no está “ni remotamente probado”. Por lo tanto, no se cumple con la norma “para poder emitir un exhorto de esta naturaleza, y menos aún al titular del poder ejecutivo”.
Otros que estuvieron en contra de solicitar información al gobierno federal fueron el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas; el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal y Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal. Este último, señaló que el caso es bronca de la PGR o de la Fiscalía Anticorrupción (la cual ni existe, porque no tiene titular).
A la nada acalorada discusión no le quiso entrar Arely Gómez, quien ahora se desempeña como titular de la Secretaría de la Función Pública y que hace poco admitió que mientras estuvo al frente de la PGR sí se utilizó el Pegasus… pero de manera “legal”. Ahh, pero sí emitió su voto (en contra, claro).
