Luego de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) declarara “inexistente” la huelga emprendida por empleados afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor), estos no tuvieron de otra y acataron a orden de entregar las instalaciones. Claro, no sin antes llegar a un acuerdo con la empresa Demos SA de CV, encargada de la edición del diario capitalino.

Para el levantamiento de la huelga, Demos se comprometió a que no se despedirá a ninguna persona involucrada en el movimiento. Por su parte, el Sitrajor desistió del amparo que interpuso contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la cual fue dictada por la JLCA. Con este acuerdo, se reiniciarán las negociaciones en las que se intentará resolver el recorte a las prestaciones en contra de los empleados y, por otra parte, evitar la quiebra del periódico.

De acuerdo con Pablo Franco, secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta, lo importante es que se pudo evitar el uso de la fuerza pública para desalojar a los huelguistas. Esto debido a que a las instalaciones de La Jornada acudió el actuario Ismael Rosas, para informar a la guardia de la huelga que la resolución de la JLCA les obligaba a abrir el diario, a fin de que al edificio ingresaran aquellos trabajadores que deseaban regresar a sus labores. En caso de negarse, además de ser despedidos, podrían ser desalojados por la fuerza pública, explica Proceso.

“Nos amparamos ayer y después llegamos a un acuerdo de que era mejor entregar las instalaciones y seguir las negociaciones para que no estén sacando ellos solos el diario; dos jefes que se habían quedado adentro se enfermaron y se tuvieron que ir”, señalo Judith Calderón, secretaria general del Sitrajor.

De acuerdo con el resolutivo de la JLCA, hubo falta de legitimación del proceso por parte del Sitrajor, ya que éste no obtuvo una mayoría legal del total de sindicalizados a favor del cierre de labores. Es decir, el padrón de afiliados presentado por el Sitrajor estaba incompleto, por lo tanto, no se pudo acreditar que una mayoría legal estaba a favor de la huelga.

Pese a no estar de acuerdo con lo resuelto por la Junta, los 129 trabajadores sindicalizados que apoyaron el paro laboral y el cierre simbólico de La Jornada aceptó regresar a trabajar, pero  seguir negociando el Contrato Colectivo de Trabajo, a fin de no afectar la producción del periódico.

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