En 2014, la Procuraduría Federal del Consumidor realizó mil 800 revisiones a gasolineras de toda la república. En 7 de cada 10 encontró irregularidades o resistencia a la inspección por parte de los trabajadores. Entre las fallas más comunes se encuentran el robo de combustible, sellos rotos y modificaciones en el sistema de despacho y cobro.
De acuerdo con una investigación de El Universal, entre 2005 y 2010, el 30% de las gasolineras del país presentaba irregularidades. Para este 2014, la cifra ya se había invertido: el 70% presentaba fallas sospechosas y sólo 3 de cada 10 funcionaba como era debido. Los datos de 2014 son válidos o incluso mejores que los de este 2015.
¿Por qué el giro dramático? El cambio en la normatividad de inspección podría explicarlo. De 2005 a 2010, se consideraba que una gasolinera despachaba litros incompletos sólo si faltaban 300 mililitros (aproximadamente lo que cabe en una lata de refresco) o más en un muestra 20 litros. La norma actual sólo permite un faltante de hasta 100 mililitros.
Otras actualizaciones a las reglas del juego incluyen “la instalación de los aditamentos de confiabilidad para revisar el historial de la gasolinera” y la estandarización del software de todas las máquinas despachadoras.
Estas medidas generaron un cambio notable en las últimas revisiones. De mil 800 operativos que Profeco realizó en 2014, encontró incumplimientos y anomalías nada menos que en mil 27 estaciones. Cuatro mil 88 mangueras despachadoras fueron inmovilizadas por precaución. Por si fuera poco, 227 estaciones se negaron rotundamente a ser revisadas.
La anomalía que encabeza la lista de las fallas encontradas es el despacho de litros incompletos por parte del operador y los llamados “errores de repetibilidad”, que consiste en alteraciones en la máquina que termina despachado más o, como es lo común, menos litros de gasolina por el mismo precio. En 60 estaciones, Profeco tuvo que inmovilizar las mangueras.
Lamentablemente, la Procuraduría Federal del Consumidor no tuvo acceso a todas las gasolineras que hubiera querido. En las zonas controladas por el crimen organizado, como algunas de Michoacán, Tamaulipas o Guerrero, sólo pudo revisar el 10% de las estaciones.
Ya el jueves pasado, el Senado emitió una ley que endurece las penas contra los que no venden “litros de a litro”. Ahora, éstas alcanzan multas que van de cinco mil a 15 mil días de salario mínimo y de cinco a 10 años de cárcel.
La pregunta que nos seguimos haciendo es si el aumentar las penas verdaderamente evitará que se siga cometiendo este delito. No es extraño que la gasolina que se recorta a los litros vendidos sea comprada por organizaciones criminales que, posteriormente, negocian con ella de forma ilegal. ¿Son las altas penas algo que espante en realidad a las organizaciones delincuenciales?
