“El Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones; la responsabilidad es dual, debe proteger los derechos de las víctimas”, dijo ayer la relatora de la Organización de las Naciones Unidas, sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, pero ¿qué ocurre cuando es en las propias instituciones del Estado donde la mujer es víctima de acoso?
Ayer, luego de que Manjoo ofreciera una conferencia magistral sobre violencia contra mujeres -esto en el auditorio José María Iglesias del máximo tribunal- empleadas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal (PF) denunciaron el acoso sexual y laboral del que son víctimas, así como la intencional falta de atención a sus casos, al ser ignoradas, censuradas o simplemente llamadas “chismosas” y señaladas de pretender “afectar a sus superiores”.
Asombrada por las declaraciones, la relatora de la ONU sólo atinó a comentar que se debe “castigar a los perpetradores, no sólo a quienes directamente violan los derechos, sino también a los oficiales que no cumplen con su deber de proteger a la víctima”.
Una a una, siguiendo el ejemplo de la anterior, las mujeres que laboran en los máximos tribunales de la nación señalaron cómo son víctimas de acoso laboral o sexual por parte de mandos superiores, remarcando que lo contado ayer sólo representa “la punta del iceberg”:
“Soy madre de un hijo con parálisis cerebral, me han acusado de que uso a mi hijo para faltar y ya no puedo trabajar así. Me toman como la loquita de la oficina, me aíslan, me discriminan (…) me están haciendo un expediente para correrme y yo lo único que pido es que me cambien de adscripción para seguir trabajando, porque soy madre soltera”. Esther Flores, trabajadora de áreas administrativas de la SCJN.
“No sólo soy yo, hay muchas personas que también están sufriendo acoso laboral y sexual, y pareciera que el Poder Judicial de la Federación lo permite”. Anónimo, secretaria proyectista, víctima de acoso por parte del juez Alfredo Rafael López Jiménez en el juzgado noveno de distrito de Iguala, Guerrero; perdió su embarazo de tres mesa causa del estrés que sufrió.
En la Policía Federal la situación incluso presenta “sanciones” para las mujeres que se atreven a denunciar los acosos de que son víctimas. Según relató una mujer, aquellas que se quejan son enviadas a Michoacán y Tamaulipas, pese a señalar que son madres y no tienen quién se haga cargo de sus hijos: “Si la libras allá, te regresamos”, es la respuesta de los mandos. “Si en el ámbito federal se dan estos abusos, qué no pasará en el ámbito local”, comentó la policía.
Por su parte, funcionarios federales reconocieron la existencia de denuncias como las comentadas, las cuales incluso han tenido consecuencias, aunque sólo en lo laboral, como fue el caso de un juez y un magistrado que no fueron ratificados en sus funciones luego de ser señalados de acosar a mujeres que laboraban en los órganos jurisdiccionales que encabezaban.
