Se estima que diariamente 142 estadounidenses mueren a causa de las drogas. Número que es más que suficiente para que la administración de Donald Trump declare a Estados Unidos en emergencia de salud, debido a la grave crisis de opiáceos que existe a lo largo y ancho del territorio.
Lo anterior sería completamente aplaudido por la población estadounidense, a no ser que – como todo lo que hace Trump – tiene algo torcido: la declaratoria de emergencia no representa que se invierta más en el combate a las adicciones. Si acaso, significará ampliar el acceso a servicios médicos en áreas rurales, señalaron funcionarios de la Casa Blanca. Para que se hubiera dado el incremento de recursos a esta crisis, Trump debería de haber declarado “Emergencia Nacional”.
Según indicaron las fuentes federales, la directiva con la que se instruirá al Departamento de Salud tendrá además alcances limitados, ya que Trump sólo invocará la Ley de Servicios de Salud Pública, la cual usualmente se utiliza para casos de desastres naturales. Por tanto, la vigencia de la declaratoria será de apenas 90 días, con la opción a ser renovada, si es que las autoridades lo consideran necesario.
Los críticos del anuncio que será oficializado esta tarde, apuntan que esta medida podría priorizar la lucha contra los opiáceos sobre investigaciones en materia de salud que realiza el gobierno (una de ellas, sobre el VIH). En el pronunciamiento que dé en unas horas, se prevé que el presidente estadounidense dará más detalles sobre la medida. De acuerdo con medios internacionales, el mandatario republicano se reunirá con padres que han perdido hijos por adicción a medicamentos opiáceos, así como con miembros de las fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico.
Trump to declare opioids a public health emergency but won’t order additional federal funding to combat epidemic https://t.co/5OXjRHL85D pic.twitter.com/dmUi4xHbLN
— CNN Breaking News (@cnnbrk) 26 de octubre de 2017
Trump firmará un memorándum presidencial, con el cual se ordenará al Secretario Interino de Salud y Servicios Humanos, Eric Hargan, declarar una emergencia nacional de salud pública y, así, ordenar a todas las agencias federales a avocar esfuerzos para reducir el número de muertes por sobredosis de opiáceos. La última vez que se llamó a una emergencia nacional de salud pública de este alcance fue en 2009, en respuesta al virus de la influenza H1N1.
Las autoridades dijeron que planean implementar aún más iniciativas para enfrentar la crisis en los próximos días y semanas. Además, señalaron que en la Casa Blanca se trabaja con el Congreso para encontrar fondos adicionales para esta crisis, que, según los expertos costará decenas de miles de millones de dólares para abordar adecuadamente. Sin embargo, evitaron a compartir cifras exactas.
