Porque no vaya a ser, la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -SNTE- , Elba Esther Gordillo, solicitó una demanda de amparo, misma que fue radicada en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, argumentando que en los últimos días había sido girada una nueva orden de aprehensión en su contra.
La defensa de Gordillo asegura que se trata de una orden distinta a la primera por la que fue detenida en un primer momento. Lo que se busca es que no sea llevada a comparecer en una audiencia inicial con fuerza pública, sin haber sido previamente citada. Es decir, que no la detengan.
¿Y quién giró la supuesta orden? En la demanda se señala como responsable al juez de Distrito Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.
Elba Esther Gordillo solicitó un amparo contra cualquier nueva orden de aprehensión que haya sido librada en su contra por un juez del sistema oral acusatorio.
— Reforma Nacional (@reformanacional) 13 de agosto de 2018
¿Por si las moscas?
Sin embargo, ante la solicitud de amparo, el juez no admitió la demanda ya que consideró que los hechos, que son narrados por la exlideresa, no son suficientes como para determinar si procede o no la admisión del recurso.
Es por lo anterior que pidió a la defensa que realice una narración más precisa sobre todos los acontecimientos del caso para aclararlo.
“…una relación clara y precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que antecedieron a los actos reclamados, que atribuye a las autoridades que indica en su demanda, incluyendo a los que influyan en la improcedencia de este juicio…”.
#ÚltimaHora Elba Esther Gordillo afirmó que un juez de control en el Reclusorio Norte libró una nueva orden para detenerla https://t.co/PGgqIHHkFx
— El Universal (@El_Universal_Mx) 13 de agosto de 2018
No ‘vaiga’ a ser que la detengan otra vez.
Recordemos que el pasado 8 de agosto, Gordillo fue absuelta de los cargos que había en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada. Se argumentó que no había pruebas suficientes que respaldaran las acusaciones de la Procuraduría General de la República -PGR.
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