Millones de mujeres y hombres migrantes indocumentados en Estados Unidos padecen precarización laboral extrema, pero la posibilidad de abandonar este contexto de casi esclavitud las y los sitúa frente a un gran dilema pues en su país de origen las condiciones de vida pueden ser todavía peores.
“Sentí que los ojos se me iban a salir, empecé a gritar hasta que perdí la fuerza… el aire me hacía falta porque traía el casco puesto, tenía mucho dolor”, así es como recuerda Daniel Puente, un migrante indocumentado en Estados Unidos (EUA), momentos después de que una estructura de acero de 7 toneladas le cayera encima de su cuerpo.
Este accidente ocurrió en su lugar de trabajo y pudo evitarse si tan sólo la empresa que lo contrató hubiera contado con un protocolo de prevención de riesgos pues, al tratarse de un taller de limpieza bajo alta presión a estructuras metálicas de gran tamaño, este recurso era necesario, explicó Daniel recostado en su cama.
“Sentía que se me salían los ojos”, insistió al evocar aquel recuerdo de la sensación en su cuerpo.
Y es que hace 17 años Daniel salió de Monterrey en búsqueda del “Sueño Americano”: tener un poco más de dinero, una casa cómoda, un automóvil. Una vida mejor para él y su familia; por ello cruzó la frontera a través del Río Bravo hacia el estado de Texas, pasó por San Antonio hasta que llegó a Houston donde comenzó siendo pintor.
“Te va mejor acá, vente para acá… y uno se va con lo que le van diciendo, pero ya estando aquí te das cuenta que no es cierto”, replicó quien también es de oficio tornero en su natal Nuevo León.
Él vive con su esposa y sus cinco hijos de 18, 17, 14, 12 y 3 años; tiene pensado mudarse a Guadalajara, pero la decisión la tomará hasta que su familia termine sus estudios y elijan dónde quedarse, si en EUA o en México. Mientras ese momento llega, Daniel se está adaptando a su nueva realidad posterior al accidente: nunca más podrá caminar y se recupera de un infarto, mismo que atribuye al estrés vivido desde el día en que aquel monstruoso fierro irrumpió sus planes.
Se estima que son 30 millones de personas quienes actualmente viven en EUA en situación migratoria no regularizada.
Este universo de población está conformado en mayor medida por quienes ingresan sin un permiso del gobierno, por ejemplo con ayuda de traficantes o cruzando el desierto por cuenta propia, explicó Helena Olea, directora asociada de Alianza Américas, una organización transnacional que trabaja en favor de las comunidades inmigrantes latinas que se dirigen hacia la frontera norte de México o que ya se encuentran del otro lado.
La abogada y defensora de derechos humanos reconoció que la cifra anterior comprende —en menor medida— a quienes entran de forma autorizada, es decir, con visa de turista o de trabajado temporal y que al vencer la fecha de su permiso eligen quedarse; así como también los casos de migrantes que llegan al país solicitando asilo pero que al serles negada esta posibilidad elijen no regresar a su lugar de origen y se quedan sin el consentimiento oficial.
Al margen del tipo de factor que a cada mujer y a cada hombre migrante le permitió situarse en suelo estadunidense, lo cierto es que mayoritariamente decidieron quedarse para mejorar su condición de vida, misma que les fue negada en sus propios países debido a la desigualdad y la falta de oportunidades —fomentado hasta cierto punto— por el modelo económico global, explicó la también investigadora y docente en temas como refugio, migración y género.
Por lo anterior y en este contexto, la experta lamentó que, debido a su condición indocumentada, mujeres y hombres pueden ser víctimas de precarización laboral y maltrato por parte de sus empleadores, pues éstos últimos al saber de su situación migratoria toman ventaja de ello y asumen que muy difícilmente podrán denunciarlos.
“Existe una precarización en las condiciones laborales en la actualidad, que se sostienen con un marco legal y un sistema que se aprovecha incluso de quienes tienen permiso de trabajo. Hay personas que pueden llegar a tener más de un empleo para poder sacar el gasto diario, pero en el caso de los inmigrantes sin documentos esto podría ser peor… hay condiciones muy cercanas a la esclavitud.”, detalló Helena Olea de Alianza Américas.
Latinos, los más usureros
Para Daniel el taller donde tuvo el accidente no es el único sitio donde se sintió vulnerable por ser un migrante sin permiso de trabajo, también evocó otros empleos donde llegó a laborar horas extras sin una remuneración adicional, donde nunca le pagaron e incluso donde la retribución era de manera esporádica con la promesa vaga de que en algún momento resarcirían el adeudo acumulado, una trampa con la que evitaban su renuncia.
Otra estrategia a la que recurren los contratantes para no liquidar a este tipo de trabajadores es la amenaza de llamar a la autoridad migratoria estadunidense, para amedrentarles y con esta estrategia los hacen huir, o bien, los echan del espacio laboral sin saldar el trabajo ya realizado. Mediante este modus operandi el empleador vuelve a contratar a una nueva plantilla de personal para después de un tiempo implementar el mismo chantaje, agregó Daniel Puente.
Irónicamente son los latinos —con estatus regularizado— quienes llegan a preservar el estado de precarización laboral en contra de las y los migrantes sin autorización, así lo explica Daniel, quien además reconoció que en ocasiones “los bolillos” (como llaman a los estadunidenses blancos) podrían ser más sensibles al considerar herramientas necesarias de protección, pero cuando se trata de un responsable hispano en el centro de trabajo es más probable que éstos busquen la manera de descuidar y explotar al personal.
“Los latinos son los más usureros, siempre salen así y que creen que, por ayudar al dueño les va a ir bien a ellos al hacerles ahorrar… es la misma raza… lo ven normal”, sentenció.
Por su parte, Guillermo de la Rosa, coordinador de comunicaciones de Living Hope Wheelchair Association —agrupación civil que asiste a personas inmigrantes y refugiados con discapacidad y sus familias— reconoció que el contexto laboral para migrantes sin documentos en suelo estadunidense puede ser un escenario de desventaja y de esclavitud.
El activista recordó que, después de la reconstrucción de la ciudad de Nuevo Orleans, posterior a los daños causados por el paso del Huracán Catrina en 2005; hubo testimonio de trabajadores indocumentados que fueron convocados a laborar en las acciones de reparación y que pese a haber prestado sus servicios por más de tres semanas, terminaron por no recibir alguna remuneración económica.
“Es como una mafia, en muchos casos una compañía grande contrata a subcontratistas para que ellos contraten a personas y este último no les paga a los trabajadores… a veces los hispanos tenemos un poco eso (racismo en contra de migrantes latinos) y dicen: ‘me voy a traer a todos estos mojados que al cabo no tienen papeles, me les pierdo y no les pago'”, detalló de la Rosa.
Mujeres, mayormente vulnerables.
Guillermo explicó que este escenario de violencia laboral y de esclavitud podría ser peor para las mujeres, pues ha tenido conocimiento de casos donde la explotación sexual es parte del conjunto de adversidades, esto al recordar el caso de una muchacha indocumentada que estuvo secuestrada por 6 meses en una casa habitación, pero gracias al descuido de unos de los “clientes” ella pudo llamar a la policía y fue liberada.
También, agregó el defensor de derechos humanos, se ha identificado que las jóvenes son engañadas por las parejas sentimentales para hacerles venir desde sus lugares de origen con la promesa de bienestar, pero ya estando en territorio norteamericano las venden para obligarlas a trabajar en cantinas y/o dedicarse a la prostitución
De igual manera, el machismo se hace presente en este contexto tóxico, pues los empleadores —al asumir que por su condición de mujer deben resistir a arduas tareas— existe evidencia de que no se les permite tomar descanso durante la jornada laboral, aunado a una remuneración menor por su condición de género, donde el daño mental y emocional a largo plazo para ellas por esta situación es inminente, explicó Guillermo de la Rosa.
Pese a que existen herramientas legales de protección laboral, aún y siendo población sin permiso oficial para laborar del otro lado de la frontera norte mexicana, de la Rosa comentó que por desconocimiento de las leyes o de que existen organizaciones de la sociedad civil para ayudarles, así como por miedo a la deportación o por el alto costo que implica pagar un abogado; la mayoría de las personas deciden callar y asumir el estado de precarización o simplemente huir hacia otro espacio laboral.
¿El sueño americano o la pesadilla americana?
Se estima que entre el 60 y el 70 por ciento de la población indocumentada en Estados Unidos vive contrariedades laborales mismas que también se expresan en jornadas más allá de lo que dicta la ley, exposición a climas extremos sin el equipo adecuado, albergues en malas condiciones, riesgos o daños a la salud irreversibles, e incluso pueden experimentar amenazas de muerte por si intentan abandonar el espacio de trabajo; detalló por su parte Susana Cruickshank, socióloga y experta en temas de cooperación internacional para el desarrollo, sociedad civil, migración y desarrollo sustentable.
La calidad y expectativa de vida podría ser mayormente paupérrima comparada con la de una persona que cuente con los permisos necesarios para estar en EUA debido al desgaste físico y extremo al que se someten, aunado a lo difícil que significa acceder a una atención médica adecuada —por su alto costo— para tratarse padecimientos propios de la precaria condición laboral, dijo la también presidenta del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A. C. (CECIG).
Por su situación indocumentada y carente del respaldo de un Estado de Derecho, quienes trabajan del otro lado de la frontera norte podrían experimentar una forma esclavitud moderna, ahondó Cruickshank.
El sueño americano puede ser la pesadilla americana, es decir, un escenario tóxico que “así ha sido desde siempre, pero hay quienes siguen apostando a que les irá bien”, pues se rehúsan a regresar un tanto por el temor a la crítica familiar respecto a la idea del “no te fue bien”, pero por el otro al saber que el contexto social y económico es mayormente precario en sus lugares de origen.
Pese al importante aporte que las y los migrantes sin permiso para trabajar realizan a favor de la economía estadunidense, así como en la de sus países de origen a través de las remesas, la experta y promotora del Derecho al Trabajo Decente insistió en que el actuar de las autoridades de la región ha sido insuficiente: “siempre hay un doble discurso, los y las trabajadoras indocumentadas son fundamentales en los ingresos financieros nacionales, pero las políticas van en otro sentido”.
