El secretario jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Sadot Sánchez Carreño, informó que los dirigentes del partido ya se presentaron a los exámenes de confianza que le aplicarán a todos los candidatos presentados a puestos de elección constitucional. Sin embargo, detalló que los resultados serán reservados.
El argumento del PRI es que los resultados de las pruebas representan datos personales, por lo que la ley protege y ampara su privacidad. La observación es válida, aunque no son pocos los que ha reaccionado con indignación. No es para menos, dado el cargado y tenso ambiente de corrupción que se vive en el país.
Las pruebas aplicada hasta ahora son de tres clases:
La primera consiste en un examen de iris, conocido como “la prueba del engaño”, que detecta las respuestas falsas con un 85% de efectividad. Dura 50 minutos con 6 interrogatorios de 12 a 16 preguntas.
La segunda es una prueba toxicológica que busca rastros de cocaína, marihuana, anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos con base en una muestra de saliva.
La tercera es una prueba psicométrica que evalúa las aptitudes del candidato para la lealtad, la integridad y el compromiso. Se otorgan dos puntajes: el primero califica el riesgo potencial de que el candidato cometa un delito laboral y el segundo, la probabilidad de desempeñarse en forma deshonesta.
Así mismo, Sadot detalló que los candidatos priistas que triunfen estarán obligados a presentar declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses ante el partido una vez que accedan al cargo.
Por su puesto, violar los derechos de privacidad de los candidatos no es una opción (no se trata de caer en la ilegalidad, sino de garantizarla), pero no debemos quitar el dedo del renglón sobre la necesidad de garantías efectivas en temas de transparencia y acceso a la información pública. Esos problemas, claro está, no son legislativos.
