El caso Odebrecht es una de las tramas de corrupción más escandalosas y grandes de la historia. La constructora brasileña ha sido señalada por pagar sobornos para adjudicarse contratos por miles de millones de dólares en varios países de Latinoamérica y dos países de África. Entre 2001 y 2016 la empresa brasileña desembolsó 439 millones de dólares en sobornos a funcionarios, legisladores y políticos en Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y, por supuesto, México, con la finalidad de asegurarse una ventaja indebida para obtener y mantener negocios.

Las pesquisas han tenido repercusiones en todas partes, pero en nuestro país las averiguaciones están por la calle de la amargura. Apenas la semana pasada, una jueza  prohibió a la Procuraduría General de la República (PGR) —por tiempo indefinido— solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya Austin,  acusado de recibir al menos 10 millones de dólares a cambio de contratos de obra pública, mientras formaba parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.

Ayer, 6 de marzo, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) evitaron que se discutieran las sanciones a servidores públicos por los contratos que le otorgaron a Odebrecht por el proyecto Etileno XXI. De acuerdo con una crónica publicada por el periódico Reforma, el punto de acuerdo fue presentado por la diputada morenista Rocío Nahle García.

Mientras la votación comenzaba, legisladores de la coalición “Por México al Frente” sacaron una pancarta con la leyenda “Hijos de la Estafa Maestra” y las fotografías de EPN, Rosario Robles, Javier Duarte de Ochoa y José Antonio Meade.    

Y a todo esto, ¿qué pasó después en la Cámara de Diputados?

Según lo relatado por el diario, los diputados priistas celebraron “con aplausos y gritos de festejo” que impidieron la discusión sobre la propuesta de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciara las acciones legales para sancionar a los funcionarios que firmaron, de manera indebida, el contrato que favoreció a la empresa Braskem, la filial de Odebrecht que se hizo con el proyecto Etileno XXI. Con 182 votos en contra y 160 a favor, los políticos tricolor ahogaron la discusión antes de que se iniciara.

De acuerdo con cifras de la diputada Nahle García, retomadas de un informes de la ASF, dicho proyecto generó pérdidas a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 2 mil millones de pesos en 2016. ¿A qué se debió esto? A que la planta no se puede “abastecer suficientemente”. Los legisladores de oposición exigieron que se repitiera la votación en el sistema electrónico. Los priistas y sus aliados volvieron a rechazar su discusión.

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