Les ponen multas pero no les cobran. Esto es lo que ocurre con la imensa mayoría de funcionarios sancionados por actos de corrupción en el Estado mexicano de acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai, antes Ifai).
Un ejemplo tomado del informe lo ilustra todo: 19 servidores públicos de la administración de Calderón fueron multados por más de 909 millones de pesos por casos de corrupción no detallados. De este monto, sólo ha sido saldada la insignificante cantidad de 12 mil 611 pesos.
Durante la gestión de Peña Nieto, la multas han bajado: 22 funcionarios de la CFE han sido sancionado por 27.9 millones de pesos pero, según la Secretaría de la Función Pública (SFP), “hasta el momento no se cuenta con información” sobre el pago.
La corrupción en México es un tema que mantiene al gobierno federal entre la espada y la pared: la administración federal ha prometido cambios radicales hacia un estado de transparencia luego del escándalo que causaran las propiedades de Angélica Rivera y Luis Videgaray, compradas a Grupo Higa, una de las empresas contratistas más importantes y beneficiadas del país.
Tras el nombramiento del nuevo “zar anticorrupción”, Virgilio Andrade, al frente de una Secretaria de una SFP, sin líder entre 2012 y 2015, no se ha ofrecido un sólo informe.
El tema parece ser una amenaza para el crecimiento económico. Durante el World Economic Forum, recién celebrado en la Riviera Maya, Gerardo Rodríguez, director de Estrategia para Mercados Emergentes, dijo a CNN Expansión que “en la medida en que esos escándalos mermen la confianza no es bueno para las inversiones”.
Según el Global Competitiveness Report, países como Chile se encuentran adelante de México y Brasil en competitividad por su gestión de los escándalos de corrupción. Las instituciones mexicana logran posicionarse tan sólo en el lugar 102 de 144 países analizados, frente al puesto 28 de Chile. La poca confianza en los funcionarios, especifica el texto del informe, es una de las principales causas del escepticismo de los inversionistas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sólo el 98 de los crímenes que se cometen en el país reciben castigo.
Tan sólo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se han impuesto multas a 40 funcionarios durante los últimos 15 años por más de mil 325 millones de pesos que no han sido saldados.
¿De qué sirve establecer una sanción que no es pagada, un castigo que no es aplicado?
