En una gira que está haciendo por Michoacán, el presidente Peña Nieto habló de varias cosas, entre ellas estuvo el tema de la seguridad e hizo algunas afirmaciones entre las que destaca que ese estado recuperará la seguridad «cueste lo que cueste», pero, en serio ¿estamos dispuestos a pagar cualquier precio?
Una declaración que parecería querer darnos tranquilidad a los ciudadanos mexicanos (y a los michoacanos en particular) también podría interpretarse como una advertencia ¿de verdad debería tenernos sin cuidado el precio que se podría pagar para recuperar la seguridad en ese estado?, ¿qué tanto podemos perder para recuperarla?
Los mexicanos queremos un cambio, así es, queremos seguridad, queremos oportunidades de crecimiento, queremos un índice de desarrollo más alto, sí… queremos muchas cosas, pero no podemos darnos el lujo de sacrificar las libertades y los derechos civiles de algunos para alcanzar cosas como la seguridad (como pasó en el Porfiriato, o en el la “dictadura perfecta” del PRI). Es así que tomamos el «cueste lo que cueste» del presidente Peña con las pinzas, para pensar el precio que costaría conseguir una seguridad «fast track» (como las reformas constitucionales).
Esta semana se comenzó con el desarme de las autodefensas michoacanas, los polémicos grupos que se levantaron en armas hace un año para librarse de los atropellos del crimen organizado (Los Caballeros Templarios en específico) y conseguir algo que el Estado no les estaba garantizando: la seguridad.
Pero en las últimas semanas nos hemos enterado de que varios de sus líderes han sido arrestados y han sufrido una creciente campaña de desprestigio que culmina en los movimientos de desarme (los medios se han dedicado a rascar en el pasado de varios líderes de diferentes movimientos de autodefensa y a otros líderes se les ha inculpado de varios delitos).
¿Estamos en contra de que, por fin, el gobierno federal se comprometa con la seguridad de los michoacanos? Naturalmente no, pero no podríamos dejar de preocuparnos por los modos en que se trata de lograr y la velocidad con la que se hace.
El desarme de las autodefensas ha provocado que haya protestas en contra, por lo menos, en 15 comunidades distintas. La gente no quiere que la desarmen y la dejen a expensas de los criminales.
En una carta dirigida al presidente, al procurador y al secretario de Gobernación, el abogado Javier Livas expresa:
«Hay que distinguir entre quienes se arman para cometer delitos y quienes se arman para defenderse de los que quieren convertirlos en víctimas inermes de delitos. Desde la óptica de la Ley Federal de Armas y Explosivos, en ambos casos la ley queda burlada. Sin embargo, para la Justicia, fin supremo del derecho, habría que aceptar que existen otros derechos como el derecho a la vida que al estar en riesgo, se yerguen supremos y prioritarios sobre las prohibiciones o sobre actos que comúnmente sería delitos o ilegalidades.»
El líder de las autodefensas de Buenavista, José Manuel Mireles expresó en una manifestación que organizó en Apatzingán:
«Ahora también debemos cuidarnos de Los Zetas, del Cártel del Golfo y también del gobierno, porque él no desarma a los criminales»
El doctor Mireles, además, afirmó que organizaría otra manifestación el día de mañana y que, por lo menos, 33 comunidades le habían dicho que no accederían al desarme.
Por su parte, en la página de Facebook, Valor Michoacán, se publicó el siguiente comunicado:
El arresto de los líderes autodefensas (un caso de tortura)
El primer caso polémico fue el de Hipólito Mora, quien fue acusado de proteger a dos de sus elementos después de que estos mataran a dos allegados de Simón el Americano (antiguo templario y líder autodefensa) y hasta de ser el autor intelectual.
El caso más reciente es el de Enrique Hernández Salcedo, líder del grupo autodefensa de Yurécuaro acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Tanhuato. La situación de Hernández es preocupante porque, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, fue torturado por policías ministeriales.
Su esposa, Guadalupe Hernández, habló en entrevista con Carmen Aristegui, quien rechazó que su marido haya participado en el crimen, y aseguró que fue detenido con engaños y luego fue torturado en la cárcel.
Ella contó:
«Estatales y ministeriales visitaron el pueblo. Se ponían camisetas de autodefensas… El 29 de marzo le dicen a la gente de autodefensas que habrá un operativo importante contra el crimen organizado… Fue una trampa, porque los citaron para desarmarlos»
Añadió:
«Mi esposo fue torturado, antes de ir al penal. Va a perder el oído izquierdo, le quemaron los testículos. Lo dejaron con lagunas mentales. Ya fue certificado… Quedó con lagunas mentales»
Después, la señora aseguró:
«Lo que pasa es que este señor Castillo está haciendo cosas para detener a los líderes de autodefensas. También a Hipólito Mora lo detuvieron acusado de asesinato»
«El control que realizaron las autodefensas en la zona fue el detonante. Mi esposo ya tenía 2 meses de haberse levantado. Fue federal de caminos, estaba bien preparado. Habían logrado bajar los delitos, el comercio en la zona ya estaba creciendo»
¿Cueste lo que cueste?
Los procesos irregulares de ambos líderes solo nos hace que nos preguntemos ¿esta es la estrategia del gobierno para regresar la seguridad a Michoacán? Hacer las cosas rápidas, no revisar detenidamente los procesos…. ¿no fue precisamente así que se terminó quemando el gobierno de Felipe Calderón? Su procurador, Genaro García Luna, fue quien maquilló sus casos para crear la apariencia de tener un gobierno efectivo. ¿No era también la manera en que funcionaba el gobierno del priismo de la vieja escuela?, ¿no eran ellos los que inventaban cargos, perseguían políticamente solo para generar una apariencia de funcionalidad?, ¿en serio, este es el camino que pretende seguir la administración actual representada por el comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, autollamado el “Pep Guardiola de la seguridad”?
No podemos pagar el precio del derecho a un proceso adecuado de unas personas, solo para conseguir la «apariencia» de la seguridad. Debemos estar preparados para enfrentarnos a un proceso más complejo que tiene que ver con el desarrollo social y cultural de esa entidad, a la par de las estrategias de seguridad que deben incluir desarmar, primero que nada, al crimen organizado, pero desarmarlo en varios sentidos, en el sentido de quitarle las armas y en el sentido de desestructurarlo de tal manera que no tenga cabida (que la gente no esté interesada en meterse y que en el Estado no existan vacíos de poder creados por la corrupción).
Solo con una estrategia compleja de seguridad se podrá desterrar, por fin, la sombra de la inseguridad en el estado de Michoacán (y en el país en general). Sacrificar estos elementos, que no parecen ser la gran cosa (el derecho a un proceso adecuado, el derecho a la garantía de la seguridad), terminará por hacer en Michoacán lo mismo que se ha hecho año con año… empeorar la situación y heredarla a la siguiente administración.
Como quien dice: lo barato, sale caro, y en este caso lo caro significa el sufrimiento de miles de mexicanos.
