Y con eso de que dice que no se descarta para 2024… ahora El Bronco ya podrá decir “nunca me castigaron, yo no fui”, en lo que a las acusaciones por uso de recursos de Nuevo León para su pasada campaña presidencial.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, no podrá ser sancionado por haber utilizado a servidores públicos para reunir las firmas con las que obtuvo su candidatura independiente a la presidencia de la República.
De hecho, lo que hizo la Segunda Sala de la SCJN fue ratificar la última decisión que Eduardo Medina Mora tomó como ministro. Nomás que el Congreso de Nuevo León había impugnado tal suspensión, lo mismo que El Bronco.
Según indican diversos medios, mientras que los legisladores buscaban revertir la medida que impide -mínimo- mocharle las manos al gober, éste lo que impugnó fue los términos: pretendía que se detuviera la investigación en su totalidad.
Y bueno, ¿utilizó o no a los funcionarios?
En su momento, Medina Mora determinó que no se podía castigar al Bronco por el uso de recursos públicos con fines electorales… no por no haberse cometido, sino porque antes debe resolverse una controversia constitucional sobre el tema.
“Se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en el estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, argumentó Medina Mora, previo a renunciar como ministro de la SCJN.
De acuerdo con El Economista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que El Bronco sí se echó la mano con recursos del Estado, específicamente con 572 funcionarios públicos de Nuevo León, a quienes puso a recolectar firmas para conseguir su candidatura independiente a la presidencia de México.
Por lo anterior, en septiembre pasado, el Tribunal ordenó al Congreso de Nuevo León aplicar las sanciones correspondientes; pero en el asunto intervino la SCJN… y pues que siempre no.
