En medio de las discusiones por aprobar la Ley de Seguridad Interior, conocida en redes sociales como #LeyGolpista, la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez, el centro de estudios legislativos del Senado de la República, presentó un informe para abundar sobre la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con la investigación, diez años después de que iniciara la guerra contra el crimen organizado, se concluye que la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle era innecesaria.
El estudio tomó en cuenta el aumento de los niveles de violencia en México toda vez que el Ejército fue llamado a combatir el narcotráfico, una tarea para la cual no están capacitados. Los datos oficiales muestran que la determinación tomada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa el 1 de diciembre de 2006 “no redujo la violencia existente en el país” sino “todo lo contrario: esta estrategia detonó una posterior ola de violencia”.
En 2007, expone el informe del Senado, México vivía los niveles mínimos históricos en materia de violencia por lo que “no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas”. Las tasas de homicidios en estados como Michoacán, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas —donde iniciaron los operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas— tuvieron un drástico repunte a partir de 2006, indica el estudio (pueden consultarle en su totalidad en esta liga).
La investigación presentada por el Senado concluye que, además del deterioro de la seguridad pública, la guerra contra el narco trajo consigo un desgaste en la relación ciudadanía-Ejército, otrora una de las instituciones más confiables y mejor calificadas por la sociedad mexicana. El pasado 9 de diciembre el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, criticó la estrategia de seguridad afirmando que la violencia “no se resuelve a balazos“ y que tanto el Ejército como la Marina no se sienten “a gusto” haciendo estas tareas.
Cienfuegos también afirmó que estaría a favor de que las Fuerzas Armadas regresaran a sus cuarteles a realizar sus tareas constitucionales, a menos que se legislara sobre la materia y se les permitiera “servir mejor, con un respaldo jurídico que le permita al soldado hacer las cosas que la propia ley le va autorizar”. El titular de la Sedena dijo que los soldados ya se la piensan antes de enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada toda vez que están expuestos a ser procesados por “un delito que tenga que ver con derechos humanos” (la cantaleta esa de los derechos humanos, como alguna vez la llamó el expresidente Calderón).
De acuerdo con la politóloga Denise Dresser, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior responde a un chantaje del General Cienfuegos, quien busca que busca que se legisle para darle “protección legal a aquello que los militares hacen extralegalmente”.
La académica Catalina Pérez Correa señala que la propuesta está viciada desde su origen: Ni los diputados ni los senadores están facultados por la Constitución Mexicana para legislar en materia de seguridad interior. “De aprobarse, se trataría de una ley anticonstitucional que busca darle la vuelta a una prohibición constitucional explícita”, apunta la especialista.
