Después de una semana de la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, las autoridades no han ofrecido alguna señal de avance en su localización. De hecho, según reporta La Jornada, la posible colusión entre células criminales y autoridades municipales y estatales en los ataques realizados en Iguala, Guerrero han orillado al gobierno federal a manejar el asunto con absoluto hermetismo.
Según información obtenida por grupos de inteligencia militar y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la desaparición de los normalistas podrían estar involucrados integrantes de los cárteles conocidos como Los Rojos y Guerreros unidos, grupos que se desprenden del grupo de los Beltrán Leyva y que operan en Iguala y Chilpancingo, principalmente.
Por otra parte, investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia de Guerrero apuntan a que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, podría ser acusado por el delito de desaparición forzada… cargo del que quizá él ya tenía más que simples sospechas, ya que luego de haber solicitado permiso para ausentarse de su cargo, desapareció “misteriosamente”.
Junto con Abarca también podrían ser inculpados varios policías municipales, quienes son señalados de privar de su libertad a los 43 estudiantes durante los hechos ocurridos el pasado viernes y sábado. De las averiguaciones se han revelado varias irregularidades cometidas por la Seguridad Pública a cargo de Felipe Flores. Una de ellas: la clonación de patrullas para “trabajitos especiales”. Aunque Abarca había sido advertido del historial de Flores –quien inició carrera como “oreja” de inteligencia militar-, el edil impuso su voluntad, quizá porque se trataba de su primo y compadre: “Más de uno le dijo al alcalde José Luis Abarca que no lo nombrara, porque no era de fiar, pero él se empeñó en hacerlo”, señala un ex funcionario de Iguala.
De acuerdo con funcionarios que por el momento participan en el gabinete de seguridad nacional –entrevistados por La Jornada-, mientras las autoridades estatales locales establecen los vínculos entre policías y crimen organizado, el gobierno federal se limita a tratar de localizar a los jóvenes desaparecidos, labor en la que también participan miembros del Ejército y de la Policía Federal… “puro teatro”, acusa la regidora Sofía Mendoza, quien hace año y medio perdió a su esposo, víctima de un “levantón”.
“Los buscadores del gobernador no dialogan con los vecinos que visitan. Simplemente entregan una hoja con las fotografías y nombres de los 43 jóvenes”, ya en caso de que sepan algo, piden que se comuniquen a los teléfonos ahí apuntados, junto a la jugosa recompensa del millón de pesos que se ofrece a quien dé información.
Los testimonios de estudiantes en conjunto con información de hechos que han ocurrido en la región con anterioridad obligan a preguntar desde cuándo ocurren hechos como el sucedido la semana pasada: “los vamos a llevar al Sol Azteca”, son las palabras que aseguran normalistas dijeron policías mientras subían a sus compañeros a las patrullas… Sol Azteca es un cerro en el que en abril y mayo pasado fueron halladas fosas clandestinas con restos de 30 personas.
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