Por Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco
“Crony capitalism”, o “capitalismo de compadres” en su versión mexicanizada, es de esos términos que se usan recurrentemente en los medios de comunicación, pero sin antes decir qué significan. De forma intuitiva se entiende que es algo relacionado a corrupción en una escala generalizada. Vale la pena ser más preciso sobre el término, pues nos puede ayudar a entender lo que ocurre (y puede ocurrir) en Estados Unidos.
El capitalismo de compadres es el régimen institucional en el que el principal mecanismo de asignación de recursos en la economía no es el mercado, sino la cercanía al gobierno. Es decir, en donde el capitalismo de compadres existe, importa más cómo te relacionas con el gobierno que cómo tratas a tus competidores y consumidores. En este régimen, los agentes privados que tienen mejores relaciones con los funcionarios públicos, se encargan de retribuirles a éstos los favores recibidos, haciendo que todos tengan incentivos para mantener ese tipo de arreglo.
Este tipo de régimen no se lleva bien con las democracias, que idealmente traen consigo una buena dosis de transparencia y fiscalización de los recursos públicos, así como la rotación de quienes están en el gobierno. En el capitalismo de compadres, lo que interesa al gobierno y a los privados beneficiados es que nadie sepa de su arreglo y que no tengan que hacer ese arreglo con diferentes personas cada cuatro o seis años.
¿Y de qué nos puede servir hablar de capitalismo de compadres en la era de Trump?
De mucho. Como bien advertía Matthew Yglesias en diciembre, por la forma en que se había comportado Trump durante la campaña, era claro que no es una persona particularmente interesada en la transparencia. Más aún, se trata de una persona que además de actuar de forma visceral, concibe a la política como un enfrentamiento y que, por lo mismo, varias veces en su campaña amenazó con utilizar las leyes para ir en contra de adversarios (fueran éstos la prensa, Hillary Clinton, etcétera). A ello hay que añadir que tanto Trump como varios miembros de su gabinete enfrentan una cantidad no trivial de conflictos de intereses, y no han mostrado el más mínimo interés por solucionarlos. Ello, junto con su negativa a revelar sus declaraciones fiscales, levanta sospechas sobre si no actuará en favor de sus propias empresas o de sus acreedores.
En resumen, se tiene a un gobernante que tiene tanto los incentivos como la forma de pensar para poco a poco minar el actual régimen institucional de Estados Unidos, en favor de un régimen de capitalismo de compadres.
¿Y eso en qué nos afecta a los mexicanos?
Una a una, Trump se ha lanzado públicamente contra aquellas empresas que producen desde México con el fin de exportar hacia Estados Unidos, reiterando que, si no mueven sus fábricas a Estados Unidos, se enfrentarán a un arancel del 35%. Si bien establecer ese tipo de arancel llevaría a una disputa legal ante la Organización Mundial de Comercio entre México y Estados Unidos, lo cierto es que la mera amenaza de hacerlo ya ha logrado que dos empresas (Carrier y Ford) reconsideraran sus inversiones en México. E, incluso, FIAT-Chrysler que, aún no ha sido amenazada, de forma preventiva anunció que considera reubicar su producción de regreso en Estados Unidos.
Ford said last week that it will expand in Michigan and U.S. instead of building a BILLION dollar plant in Mexico. Thank you Ford & Fiat C!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017
Esto pone en riesgo lo que se percibe como la estrategia con la que el gobierno federal piensa negociar con Trump: conseguir que aquellas empresas norteamericanas de sectores estrechamente ligados a la economía mexicana disuadieran a Trump de tomar una posición agresiva en la renegociación comercial. Si bien no todas las empresas cedieron a los ataques verbales, algunas grandes lo han hecho, dando la señal a otras de que en estos momentos cooperar resulta más rentable, particularmente debido a que Trump cuenta con mayoría en las cámaras y, por tanto, es capaz de alterar la política fiscal y comercial para “premiar” a aquellos que le hagan caso y “castigar” a los que no.
De no encontrar la forma de contrarrestar y de hacer frente a un gobernante con estas características, las negociaciones comerciales a las cuales está dispuesto a sentarse el gobierno mexicano no van a acabar bien para el país.
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Luis Ángel Monroy-Gómez-Franco es Maestro en Economía por El Colegio de México y consultor independiente.
Twitter: @MGF91
