Aunque uno hubiera pensado que la ley ya contemplaba castigos ejemplares para quienes dañen a las instalaciones de empresas productivas del Estado, como la Pemex y la CFE, pues parece que no. Así que se tuvo que reformar el Código Penal para que esos actos ahora puedan ser perseguidos como sabotaje.
Por unanimidad los diputados votaron a favor de la propuesta de reforma al artículo 140 del Código Penal Federal, con lo cual actos como atenten contra las instalaciones, así como las redes de distribución y transportación de empresas productivas del Estado –como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) – serán considerados como sabotaje.
Al presentar los argumentos para justificar la aprobación de la reforma, la diputada del PAN Pilar Ortega, señaló que el delito de sabotaje ya está contemplado entre la gama de los denominados ilícitos “contra la seguridad de la nación”, y lo comete la persona que:
“dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones”…
Con lo anterior parecería que se tiene cubierto todo… sin embargo, explicó la diputada, por su naturaleza jurídica empresas como Pemex y la CFE (órganos productivos más importantes para el país, debido a sus ingresos) están algo desprotegidas. De ahí que se necesita darle una ajustada al Código Penal.
La norma “no contempla hoy en día a estas empresas, como posibles sujetos pasivos. Esto provoca que las personas que causen daños o afectaciones a sus instalaciones no puedan ser perseguidos por el delito de sabotaje”.
¿Y los diablitos qué onda?
Aunque en su explicación la diputada del PAN hizo énfasis en que esta reforma es para castigar principalmente a casos como el robo de combustible (huachicoleo), con el cual se dañan ductos de instalaciones de Pemex… pues también podría aplicar también para gente que pone un ‘diablitos’ para hacerse de luz y acaba provocando un apagón en toda la colonia.
Quizás por lo anterior, las penas por sabotaje (según se establece ya en la ley) dependen del tamaño de la pedrada: van de los dos a los 20 años de prisión y multas de mil a 50 mil pesos.
“Desde la comisión de justicia coincidimos con la propuesta de Juan Carlos Villarreal, en aras de brindar la máxima protección a estos importantes órganos del Estado, así como garantizar el principio de legalidad”, concluyó la diputada del PAN. Ahora la iniciativa va con senadores.
