Debido a los “raros” casos de políticos que entran a un puesto público y de la noche a la mañana se hacen millonarios, parecía buena idea que los diputados se vieran obligados a dar a conocer su patrimonio… pero en eso quedó: una simple idea.
Los diputados federales tienen todo el derecho a oponerse a que sus declaraciones patrimoniales sean del conocimiento público, así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior, debido a que el principio de “máxima publicidad” bajo el cual se pretendía que los legisladores informaran sobre sus bienes fue considerado inoperante, ya que es derecho de los diputados acceder a la difusión o no de sus ingresos y propiedades.
La iniciativa para que nos enteráramos de con cuánto entran y con cuánto se van los legisladores se dio a raíz de una demanda presentada por un ciudadano en contra del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la cual le da chance a los empleados federales a no soltar información relacionada a sus bienes.
Aunque ya nada más falta oficializar la decisión, algunos miembros de la Corte se mostraron en contra, argumentando lo siguiente:
“La protección de los datos privados debe ceder preponderantemente frente al interés público (…) Nos debemos a la sociedad para rendir cuentas sobre el destino, uso y aprovechamiento de recursos públicos, y el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios (…) es un acto de transparencia para que la sociedad conozca el desempeño de sus servidores públicos.”
Por desgracia no todos tuvieron esta misma postura, ya que algunos ministros consideraron que quienes deben decidir si las declaraciones patrimoniales se hacen públicas son los propios diputados, esto de acuerdo a su conveniencia… según justifican, por la protección de sus datos personales, lo cual hasta cierto punto es razonable, dada la inseguridad que se vive en el país… ahh, pero un pequeño detalle:
Los ministros que están a favor de dar a conocer las declaraciones patrimoniales – Juan N. Silva Meza, Juan Ramón Cossío y Sergio Valls- propusieron que en las versiones públicas se omitan datos privados: direcciones, teléfonos, números de cuentas bancarias y de valores.
Pero ni así.
