Aunque había reclamos y críticas en contra de la Ley de Juicio Político, pues acabó por ser aprobada en la primera sesión de la nueva Legislatura de la Cámara de Diputados. Los legisladores quisieron madrugar y, en las primeras horas, aprobaron en lo general y particular el dictamen de dicha ley.
“Con 266 votos en pro, 205 en contra y 0 abstenciones, es aprobado proyecto que expide Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos”, se informó en la cuenta Twitter de la Cámara de Diputado. Ahora pasará al Senado.
De acuerdo con Aristegui Noticias, la Ley de Juicio Político reglamenta diversos artículos constitucionales para determinar la responsabilidad penal del representante del Ejecutivo (o sea, el presidente de la República), además de ajustar las disposiciones en torno al juicio político.
“Quien tenga deudas pendientes con la justicia y con la sociedad deberá pagarlas. No se aceptará a quienes hayan infringido la ley y se colocarán ante la justicia; terminaron los tiempos de protección partidista y se pone fin a la era de la evasión procesal”, señaló la diputada de Morena, Aleida Alavez, en su posicionamiento a favor del dictamen.
“Señalan que la ley puede usarse como instrumento de persecución política porque ustedes así lo hacían, pero no es para perseguir, es para dar certeza jurídica”, comentó, por su parte, el diputado Marcos Rosendo Medina, también de Morena.
En contra, el legislador Gerardo Peña (PAN) señaló que el dictamen es inconstitucional de facto. “No legislen con la ira, un día serán oposición y reformas como esta ponen en riesgo la libertad de actuación institucional del servicio público”, advirtió el panista.
En el mismo tono se pronunció la diputada Kathia María Bolio, al señalar que la Ley de Juicio Político atenta contra la autonomía de los congresos estatales y, además, va en contra de la Carta Magna. “La expedición de esta ley es prueba de la agenda política que se promueve desde el Gobierno para la persecución”, acusó el diputado Pablo Guillermo Angulo, del PRI.
¿Pues qué dice la Ley de Juicio Político?
A grandes rasgos, con esta ley se reglamenta el proceso de destitución del presidente, en caso de que además de traición a la patria, cometa algún delito de corrupción o de tipo electoral, así como cualquier otro que amerite prisión preventiva oficiosa.
Como dio a conocer la propia Cámara, además de aprobarse la Ley de Juicio Político, también se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo cual –según indica La Jornada– instaura la inhabilitación de 10 a 30 años para ejercer cualquier cargo, a los funcionarios a quienes se aplique el juicio político.
Obviamente se pone mucho énfasis en el caso de un eventual proceso en contra del presidente, sin embargo, con la Ley de Juicio Político también se podría procesar a cualquier otro servidor público de alto calibre… por ejemplo, legisladores, ministros de la Corte, gobernadores, fiscales, consejeros electorales, etcétera. Las solicitudes de juicio podrían ser efectuadas “por cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad”.
Además, en el dictamen que ahora pasa al Senado se reúnen de un jalón l proceso de juicio político y los desafueros, a cargo de las dos cámaras del Congreso.
