Justo después de que se hizo público el robo de un camión con sustancias radioactivas en nuestro país, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que mandó la administración de Peña Nieto en materia de combate contra el terrorismo.
Según CNN, las penas de prisión fueron elevadas hasta 40 años a los delitos de terrorismo y su financiamiento, así como los consideran delitos graves y de delincuencia organizada.
El dictamen fue turnado al Senado y reforma un buen de códigos: el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Se acordó imponer una condena de 15 a 40 años así como una multa de 400 a 1 200 días a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo (con eso de que ya se están robando los camiones con los que lo transportan), para actos contra bienes o servicios públicos o privados.
Por ejemplo, de haberse aprobado este dictamen antes, las personas que se robaron el camión con material radioactivo se enfrentarían a 12 o hasta 20 años de prisión y de 12 000 a 20 000 días de multa.
Mientras que si alguien hubiera reunido o aportado recursos para este delito con conocimiento de que el dinero sería utilizado para esto se le hubieran impuesto hasta 40 años de prisión.
Ahora, las penas por emplear explosivos o materias incendiarias o cualquier otro medio que destruya total o parcialmente instalaciones o vías de comunicación, servicios de navegación aérea o marítima, se le aplicarán de 20 a 30 años de prisión.
Además habrá una pena de 5 a 15 años para aquellos que manejen recursos o bienes tanto dentro como fuera del territorio nacional cuando se tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, las penas aumentarán si el actor tiene un cargo público.
A pesar de que el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano habían pedido que se evaluara detenidamente y con paciencia la propuesta, ésta se aprobó con el texto sin cambio alguno.
Los reclamos de la izquierda provenían de que el delito de intencionalidad (incluído en el artículo 139 del Código Penal Federal) ocasionó situaciones como la de Guantánamo en la que el 40% de los reclusos fueron acusados con el pretexto de intencionalidad.
Según el legislado López Suárez, el contenido del artículo 139, donde se dispone que se considerará intencionalidad contra quien acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda comenter, se esté cometiendo o se haya cometido en el territorio nacional, es un texto vago y por lo tanto se puede prestar a malos usos:
«Es decir, dejan una vaguedad para que a cualquiera se le pueda acusar de estar auspiciando actos de terrorismo»
La legisladora Lorettra Ortiz expuso que no se podían confundir terrorismo y delincuencia organizada, atendiendo a lo que reclamana diversas asociaciones de derechos humanos.
