Por Diego Castañeda
Este 23 de septiembre Gabriel Zucman y su equipo lanzaron un proyecto de divulgación sobre la pérdida de recaudación fiscal por el traslado de ganancias a paraísos fiscales alrededor del mundo. Entre los países para los que se presentan datos está México. Lo que las estimaciones nos muestran es que el país pierde una cantidad enorme de recursos por las actividades de elusión fiscal de las grandes empresas.
De acuerdo a los datos que se presentaron en https://missingprofits.world/, México pierde 3,253 millones de dólares al año en impuestos que fueron eludidos por medio de paraísos fiscales. Esto es poco más de 63 mil millones de pesos o alrededor de 0.3 puntos del PIB. No parece una gran cantidad, pero equivale al 80 por ciento de lo que costaba un programa social como Prospera. Si se le suma en el tiempo en un sexenio, 1.8 puntos del PIB son recursos suficientes para invertir en proyectos de infraestructura clave.
Es muy probable que estas cifras sean subestimaciones y que además de esos 63 mil millones se pierda mucho más en otras formas de elusión y evasión que no necesariamente escapa a paraísos fiscales. No obstante, esos 63 mil millones son de especial importancia porque sólo grandes empresas e individuos con grandes fortunas pueden tener la posibilidad de trasladar su riqueza a los paraísos fiscales; los costos de la ingeniería fiscal que se requiere son sustanciales.
Dos terceras partes de los impuestos perdidos están en lugares que se han hecho famosos por este tipo de esquemas como Panamá, Bermuda, etcétera. Pero el tercio restante no está en países europeos que abiertamente siguen una política de “empobrecimiento del vecino”, como Holanda o Irlanda.
México como parte de la OCDE es miembro de un proyecto de cooperación internacional que se llama BEPS (base erosion profit shifting) en el que este tipo de problemas tratan de solucionarse.
La escala global del problema debería llevar a muchos de los países afectados, especialmente a países como México con gran debilidad fiscal, a tomar medidas agresivas para reducir estas pérdidas.
Después de las medidas que se piensan implementar para combatir formas menos sofisticadas de elusión (como los factureros y el de la normalización fiscal de la economía digital), éste debe ser uno de los siguientes pasos. Es un tema no solo práctico en términos de capacidad recaudatoria y de legalidad, es un asunto de justicia fiscal; mientras que las clases medias y bajas son contribuyentes cautivos, la parte más alta de la distribución y los grandes negocios pueden escapar de sus responsabilidades con el país.
Construir bienes públicos, invertir en los asuntos que el país necesita (sea la transición energética, escuelas, seguridad social universal u otros) no va pasar si no comenzamos a arreglar el sistema fiscal. Eso incluye acabar con la elusión.
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Diego Castañeda es economista por la University of London e historiador económico por la Universidad de Lund.
Twitter: @diegocastaneda