Después de 18 días de manifestaciones continuas la presidenta de Brasil ha sorprendido a todo el mundo con la convocatoria a una consulta pública para emprender una reforma política en Brasil.
Era sabido que Rousseff se reuniría con representantes del Movimiento Passe Livre, el cual fue el que consiguió que anularan la subida de las tarifas del transporte público. También se sabía que recibiría a los 27 gobernadores del país y a 26 alcaldes de las principales ciudades brasileñas en el Distrito Federal de Brasilia.
(Aquí está Dilma con los jóvenes del Movimiento Passe Livre)
Pero ante la sorpresa de todos, la presidenta expresó:
«Las calles nos están diciendo que quieren que el ciudadano, y no el poder económico, esté en primer lugar. […] La energía que viene de las calles es mayor que cualquier obstáculo. No tenemos que quedarnos inertes, incomodados o divididos. Por eso traigo propuestas concretas y la disposición para que discutamos al menos cinco pactos»
Lo interesante de esto es que sus propuestas son concretas, habla de acciones definidas y podemos esperar a ver cómo reaccionan los brasileños, sobre todo, después de que diera varios discursos que, pese a su belleza, no han logrado parar las manifestaciones.
Lo pactos implican acuerdo fiscales, de sanidad, transporte y educación. Pero el principal es la reforma política. La reforma política de Brasil ha sido planteada muchas veces, pero siempre ha sido frenada por el congreso. Ahora Rousseff propone hacer un referéndum que autorice convocar una asamblea constituyente para octubre de este año para que las modificaciones tengan validez en las elecciones del 2014. Es una noticia muy fuerte, y corresponde a la fuerza de las manifestaciones de estas semanas, mismas que rivalizan con las de los años ochenta en las que salieron a las calles partidos, sindicatos y organizaciones exigiendo elecciones directas. Ante esto Rousseff dijo:
«Brasil ya está maduro para avanzar»
La presidenta recalcó que una de las cuestiones fundamentales de la reforma sería la lucha contra la corrupción (es una de las quejas que más se escucha en las calles). Ante esto Rousseff dijo:
«En ese sentido, una iniciativa fundamental es una nueva legislación que clasifique la corrupción dolosa como delito atroz, con penas mucho más severas»
Se busca que ese acto doloso se califique como equivalente al crimen hediondo (comparado a un asesinato o la tortura), para que tenga castigos mucho más severos (pensemos que mucho de ese dinero no se va a programas sociales y políticas públicas y que se deja morir gente o que viva en condiciones precarias ante la negligencia de los políticos, también pensemos en otro tipo de actos en los que se interviene en la vida de personas concretas y veremos que no suena tan descabellado ser tan severo ante los actos corrupción).
Además el pacto de movilidad urbana propone crear un Consejo Nacional de Transporte Público, donde debe participar la sociedad civil y los usuarios. También planea la dirigente brasileña que los municipios creen consejos parecidos.
En el tema de salud la presidenta brasileña insistió en la necesidad de invertir en hospitales y de contratar médicos extranjeros para actuar en las ciudades donde hacen falta profesionales brasileños de la medicina, expresó:
«es una medida para la emergencia y no se trata de una medida hostil o de falta de respeto (a los profesionales brasileños)»
Mostró que en Brasil los médicos extranjeros apenas representan el 1.79% de los profesionales de la medicina del país, mientras que en Inglaterra son el 37% y en Australia son el 25%.
En cuestión de la educación pidió apoyo a los mandatarios provinicales para que secunden en su proyecto de invertir el 50% de las regalías del petróleo brasileño en el sector educativo.
Respecto de las medidas fiscales, la presidenta dijo que se buscaría un compromiso de responsabilidad fiscal para garantizar la estabilidad económica y el control de la inflación.
Al final dijo que no iba a transigir con el orden, y que sería dura con los agitadores que alteren el carácter pacífico de las manifestaciones.
La propuesta fue recibida con muchas críticas por parte de juristas. Ante esto la presidenta dijo que estaba abierta a discutir, pero puntualizó que mantendrá la convocatoria a un plebiscito (una consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo) con preguntas definidas.
