Durante las últimas semanas hemos escuchado —y platicado— muchísimo de las políticas pandémicas en Quebec, la provincia francófona de Canadá. Por acá leímos del toque de queda que anunciaron en Año Nuevo y hasta nos reímos de que decidieron prohibirle la venta de marihuana y alcohol a quienes no estuvieran vacunados contra COVID. La cosa es que ahora están atorados en un dilema.
Están buscando multar a las personas antivacunas… y surgieron muchas opiniones al respecto.
Todo empezó con una propuesta de François Legault, el primer ministro de la provincia de Quebec, que siguiendo el consejo del presidente francés, Emmanuel Macron, quiere “fregar” a quienes anden de antivaxxers.
¿Multa o impuesto a los antivacunas?
La iniciativa de Quebec es crear un “Impuesto de Salud” que tendría que ser pagado por las personas que no reciban su vacuna contra COVID.
No sería una multa, técnicamente, pero en la práctica… pues sí.
Quebec no dejó claro de cuánto sería la multa o cuándo empezaría a tomar forma, pero sí querían que fuera significativa —para que de verdad sirviera para convencer a la gente a vacunarse. De cajón avisaron que superaría los 100 dólares canadienses, el equivalente a 1,600 pesos mexicanos.
Estiman que las personas que no se han vacunado en Quebec son cerca del 10% de toda la población, pero ocupan más de la mitad de las camas de hospital.
“Estas personas ponen una carga importante en nuestro sistema de salud”, dijo el primer ministro Legault. “Es razonable que la mayoría de la población pida que tengan consecuencias”.
El dilema ético: ¿se vale?
La decisión, aunque aplaudida al calor de la discusión, terminó por desatar un importante dilema pandémico. ¿Es válido multar a las personas por la decisión personal de no vacunarse? ¿Tiene consecuencias éticas implementar un impuesto diferenciado?
Julius Grey, un especialista en derechos civiles de Quebec, aseguró que podría ser bateado en los juzgados.
“Forzar a las personas a vacunarse, aunque existan argumentos para hacerlo obligatorio, sería una violación a la Carta de Derechos y Libertades”, dijo en una entrevista para el medio canadiense CBC.
Al mismo tiempo y en el mismo medio, Vardit Ravitsky, un profesor de bioética de la Universidad de Montreal, puso algunas dudas importantísimas sobre la decisión de hacerlo obligatorio… sobre todo, porque existe más de una razón por la que las personas podrían ser antivacunas.
“Algunos tienen razones históricas para desconfiar del gobierno”, dijo. “Las personas que deciden no vacunarse, no son una población homogénea. Una multa, un impuesto, que se enfoque en todos, creo, tendría un trabajo complicado para respetar los principios de equidad o justicia”, comentó.
Y sí así es la discusión académica, ya se imaginarán como se está poniendo en las redes sociales que alegan sobre la libertad personal de elegir un tratamiento. Interesante, ¿no?
