Por José Manuel Ruiz Ramírez y Carlos Brown Solà
El Senado confirmó ayer a Paloma Merodio como vicepresidenta del INEGI. A quienes votaron a favor de su candidatura no les importó que ella mintiera en su currículum (lo que, de hecho, hace ilegal su nominación), que una gran cantidad de instituciones e integrantes de la academia se pronunciaron en contra de su confirmación, o que una de las comisiones dictaminadoras no pudiera concluir el proceso de revisión de la candidatura con una resolución a favor. En resumen, el proceso estuvo viciado, la candidata no reunía los requisitos para ocupar el cargo y, otra vez, no hubo forma de evitar su designación.
Una historia con más secuelas que la risa en vacaciones
En este sexenio hemos sido testigos, porque no ha habido esfuerzo o iniciativa que haya logrado impedirlo, de que en la Presidencia de la República lo que sobran son candidaturas genéricas e intercambiables. Los ejemplos sobran, pero recordemos a algunos de los personajes más célebres. Como Alfredo Castillo, que pasó de Procurador Federal del Consumidor a Comisionado de Seguridad en Michoacán, para después convertirse en titular de la CONADE. En cada uno de sus encargos lo que han faltado son resultados dignos de reconocimiento, pero han sobrado razones para criticar su desempeño. Los estándares son tan bajos con él que la medalla al esfuerzo es el nuevo oro olímpico.
Castillo no es el único que ha servido como ficha intercambiable. José Antonio Meade y Luis Videgaray se han vuelto expertos en chocar las palmas para intercambiarse la titularidad de las secretarías de estado. En medio del “tuya, mía, me la prestas”, lo único que hemos podido constatar es que nunca es tarde para aprender, al fin que sólo han estado jugando con la economía y las relaciones internacionales de un país asediado por las políticas de Donald Trump y altamente dependiente del contexto internacional.
¡Pero aún hay más! No olvidemos al mediano, por su trabajo, de Virgilio Andrade. En su encargo como Secretario de la Función Pública, se embarcó en la épica travesía de acabar con la corrupción en la administración pública; para terminar defendiendo la casa blanca de su jefe en contra de las terribles acusaciones de que existía un conflicto de intereses. Todo esto para llegar a quien ha nombrado a todos y cada uno de estos personajes: Enrique Peña Nieto.
¿No puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo?
Cada vez que Peña Nieto ha propuesto a una persona para ocupar un cargo, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿No puede pasar cinco segundos sin humillarse solo? Lo peor: el costo de las malas designaciones lo ha tenido que asumir el Estado en su conjunto.
El mal diseño de políticas públicas, la incapacidad de cumplir con el mandato de cada institución y la corrupción –aunque sea “cultural”– se manifiestan en el incremento de la pobreza y la desigualdad –que ahora Paloma Merodio podrá intentar esconder desde el INEGI–, en los altos índices de impunidad –cuya medición también podrá verse afectada por la actuación de Merodio– y por la desconfianza generalizada de los mexicanos hacia las instituciones.
No importa que sólo cerca del 12 por ciento de la población mexicana aprueba su gestión. No importa que la confianza de las instituciones mexicanas haya caído por séptimo año consecutivo en 2016. Si hubiera exámenes para cada institución, el conjunto no pasaría el año escolar: 5.9 de 10 es la calificación promedio. La credibilidad de las instituciones mexicanas está en juego, y no es como que este gobierno esté haciendo mucho por recuperar la confianza de los mexicanos.
Además, no basta con ser independientes en el papel, también hay que verse como tal. Esto se vuelve aún más relevante en el caso del INEGI, ya que es la institución encargada de poner números y decirnos, con peras y manzanas, cual es el estado actual del país en materia de empleo, pobreza, inflación, educación, salud, seguridad y otras muchas materias. Hay que recordarle al presidente que Argentina atraviesa aún un periodo de nula credibilidad de sus estadísticas desde Cristina Fernández, y reconstruir la confianza en el Instituto Nacional de Estadística y Censos seguramente les tomará años de trabajo.
Pero nada de esto importa porque la crisis está en nuestras mentes: Peña la vio y la consiguió.
Aquí les pregunto: ¿ustedes qué hubieran hecho?
El fracaso en las designaciones no ha sido responsabilidad únicamente del presidente. El Congreso de la Unión también tiene su vela en el entierro de la credibilidad del Estado mexicano. Las Cámaras de Senadores y Diputados intervienen en el nombramiento de funcionarios judiciales, de órganos autónomos constitucionales, representantes diplomáticos, integrantes del gabinete del Ejecutivo Federal y del ejército y las fuerzas armadas. Si las nominaciones no cumplen con los requisitos que establecen la Constitución y las leyes, entonces las y los legisladores deberían rechazar las propuestas y obligar al ejecutivo (o sea, al presidente) a seleccionar mejores perfiles.
Lo que ha ocurrido es que en las negociaciones de las bancadas partidistas (no sabemos si a la del PRD le queden integrantes cuando este texto sea publicado) han abusado de repartirse cuotas de espacios a llenar, sin que pareciera preocuparles otro criterio para ocuparlas que la respuesta a sus intereses particulares. El diseño de la división de poderes depende de un Congreso capaz de entender su responsabilidad de oponerse al presidente cuando sea necesario, pero la discusión en las Cámaras sigue estando a un nivel en el que no quieren razonar.
Primero que nada y antes que todo: dignidad
A pesar de la irresponsabilidad del Presidente y del Congreso, todavía quedaba una oportunidad para evitar el desgaste de las instituciones: la dignidad de las personas propuestas. Si Paloma Merodio no retiró su candidatura después de verse descubierta tras una avalancha de evidencia en su contra, ¿cómo puede esperar que confiemos en que desempeñará su cargo con dignidad y haciendo valer la legalidad, como juró con la mano alzada tras su ratificación?
Las instituciones tienen que ser más que las personas que las integran, pero en este sexenio quienes las integran se han encargado de hacerlas menos. Si no ha habido dignidad en este gobierno, la culpa no sólo es del partido en el poder: la responsabilidad también recae en la oposición que, como los jaguares, lleva mucho tiempo en peligro de extinción.
***
José Manuel Ruiz Ramírez es abogado en @AlaIzqMx que intensea con derechos humanos, tribunales y temas LGBT.
Carlos Brown Solà es economista e internacionalista que lucha contra la desigualdad desde @AlaIzqMx y la sociedad civil organizada.
