Desde 1969, el 17 de mayo es el Día Internacional de la Telecomunicaciones, celebrando así el Convenio Telegráfico Internacional que se firmara en 1865. En 2005, la ONU propuso un día para la reflexión a nivel mundial sobre tecnologías de la información y el conocimiento que desde el 2007 coinciden con esta fecha, en la que también se celebra el #DiaDeInternet. No son pocos los motivos para sentarnos a pensar sobre la situación actual de estos temas en nuestro país y en el mundo.
EL PROBLEMA DE LA “BRECHA DIGITAL”
El primer #DiaDeInternet tuvo lugar en 2005, tras una iniciativa impulsada por la Internet Society y la Asociación de Usuarios de Internet durante la Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez. En aquél entonces, la naciones participantes reconocieron un problema fundamental: la “brecha digital” existente como resultado de la desigualdad social en todo el mundo.
En la actualidad, el acceso a Internet es reconocido como un Derecho Humano en estrecha relación con otros como la libertad de expresión, el derecho a la reunión y asociación pacífica, el de la libre información, el derecho al trabajo digno o a la educación.
Finlandia, Gracia, Estonia, Francia, España y Costa Rica son alguno de los países en los que el acceso a Internet está garantizado en las leyes. En México, la Constitución, en su artículo sexto, también contempla el derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones, Internet incluido.
INTERNET, ¿UN LUJO?
Sin embargo, de acuerdo con la firma consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), en nuestro días sigue imperando un modelo en el que Internet es considerado más un servicio de lujo que uno necesario para el desarrollo integral de la sociedad.
Al cierre de 2014, México contó 120.4 millones de habitantes. De ellos, sólo 55.3 millones (46%), se consideran usuarios regulares de Internet, lo que implica que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país están excluidos del acceso a este servicio. Esto representa barreras para el desarrollo educativo y económico, pero también para el ejercicio de derechos como la libre expresión y la protesta.
Durante 2014 se lograron únicamente 17.5 millones de accesos a banda ancha fija en el país, superados por los accesos móviles, con 22.8 millones de suscriptores, lo que representa el 18.9% de la población. Así es: el crecimiento en la preferencia por usar Internet en dispositivos móviles es incuestionable.
La desigualdad es notoria aún entre estados del país. Entidades como el Distrito Federal, Baja California Sur, Sonora y Nuevo León cuentan con más de 45% de los hogares conectados, frente a estados como Chiapas y Oaxaca, con menos de 15 por ciento de los hogares con acceso a la red. Asimismo, sólo 4 de cada 100 hogares en zonas rurales y 2 de cada 100 con ingresos bajos pueden acceder al servicio.
Entre las empresas, la diferencia también es notoria: sólo el 16% de los negocios pequeños en nuestro país cuentan con acceso y presencia en internet, mientras que el número sube a 90% cuando se consideran únicamente las empresas grandes.
¿QUÉ HACE FALTA?
Múltiples organizaciones coinciden en su diagnóstico: lo que hace falta en México es infraestructura, infraestructura y más infraestructura. Pero ésta no puede ser implementada a cualquier precio, ni puede ser puesta en las manos de siempre. Superar el reto de lograr un aumento generalizado en el acceso a las telecomunicaciones depende de una buena estrategia gubernamental que promueva la competencia entre las empresas que proporcionan el servicio y la investigación de nuevas tecnologías que permitan abaratarlo.
En este sentido, la Reforma en Telecomunicaciones que desde 2013 es impulsada en nuestro país y que ha pasado por múltiples etapas, desde modificaciones al texto constitucional hasta la creación de normas secundarias, pasando por la redacción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ha dejado mucho que desear.
La ley actual prevé limitaciones para aquellas empresas que acaparan más del 50% del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión (Televisa y América Móvil) a las que denomina “actores preponderantes” del mercado. Estas empresas están obligadas a compartir infraestructura con otras más pequeñas y a reducir su dominio sobre la oferta. Sin embargo, la preponderancia no ha sido pensada para solucionar el problema del acaparamiento en mercados específicos de los dos grandes sectores. Así, por ejemplo, Sky, de Televisa, no es considerado un actor preponderante en tele de paga, porque la televisión satelital es un servicio de telecomunicaciones, rubro en el que el actor preponderante es Telmex. De esta manera, las prácticas monopólicas siguen reinando en algunos mercados, aun con permiso de la ley.
PELIGROS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Pero esto no es todo. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en su forma actual, así como las normas secundarias dictadas por el IFT en su forma preliminar, ponen en riesgo el ejercicio de derechos como el de la libertad de expresión y la libre información o a la privacidad de los datos personales.
Así, en su artículo 190, la ley permite la conservación indiscriminada de los metadatos que los ciudadanos generan al hacer uso de internet. Los metadatos son todos aquellos necesarios para mandar datos directos e incluyen la hora y el lugar en que fueron enviados, el destinatario al que estuvieron dirigidos, el formato de la información, entre otros. La conservación indiscriminada de estos datos ha sido considerada incompatible con el derecho a la privacidad por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Por otro lado, la ley sigue sin identificar claramente a las autoridades competentes que pueden solicitar la información recabada sobre los ciudadanos, dejando la puerta abierta al abuso de autoridad y a realizar indiscriminadamente radio localizaciones en tiempo real o intervención en el servicio sin control efectivo por parte de los tribunales. Éstos, y otros problemas, han sido señalados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que se cuentan Article 19, R3D y Electronic Frontier Foundation.
Así, al día de hoy, México enfrenta dos grandes retos en materia de Telecomunicaciones e Internet: por un lado, garantizar el acceso al servicio para todos los ciudadanos, lo que significa no sólo inversión en tecnología y promoción real de competencia, sino también un cambio en la visión cultural para que Internet deje de ser tratado como un lujo; y por otro lado, lograr una legislación justa, consciente de la naturaleza de las telecomunicaciones, que no ponga en riesgo los Derechos Humanos. Se trata de un camino largo por recorrer.
