Por Carlos Riggen
El mandato de Aristóteles Sandoval pasó a la historia como el sexenio de las desapariciones en Jalisco. El delito de la desaparición en Jalisco no es un tema menor, en la presentación de la “Estrategia Integral de Atención a Víctimas de Desaparición en Jalisco” el pasado 20 de marzo, el nuevo gobernador del estado, Enrique Alfaro reconoció que a Jalisco le hacen falta 7,117 personas. Y el problema cada vez es peor, tan sólo durante el primer bimestre de este año se reconocen 516 casos de desaparición. Resolver este problema y reparar el daño es una de las tareas más importantes del nuevo gobierno.
La Fiscalía (antes Procuraduría) ha fallado en los últimos años en generar las búsquedas necesarias y efectivas para localizar a los desaparecidos que existen en nuestro país. No cuentan con los recursos necesarios para hacer esto, una muestra clara es que Jalisco lidera a nivel nacional las carpetas sin investigación: en 3 de cada 10 casos el Ministerio Público se abstuvo de seguir indagando y mucho se debe a que Jalisco es el estado 29 de 32 en agentes de Ministerio Público por habitante, existen 4.5 agentes por cada 100,000 habitantes. Los Ministerios Públicos se encuentran saturados de carpetas de investigación, no hay capacidad humana de investigar y por eso en muchas ocasiones se abstienen de darle seguimiento.
Ante esto creo que existen cuatro puntos claves donde se puede comenzar a trabajar para mejorar la Fiscalía:
- Necesitamos aumentar la capacidad para procesar carpetas de investigación incrementando el número de agentes y de personal.
- Es necesario también agilizar los procesos internos para resolver delitos menores para que se pueda trabajar más a fondo los delitos graves.
- Se deben diseñar mecanismos de búsqueda e identificación específicos para tratar estos casos de forma adecuada.
- Es fundamental que el personal que labora dentro de la Fiscalía esté capacitado conforme a los nuevos procedimientos penales tras la Reforma Penal de 2008, para que puedan realizar su trabajo de forma efectiva y cercana para evitar que criminales salgan a las calles por procesos llevados a cabo de forma errónea.
Por otro lado, los familiares de los desaparecidos han padecido las condiciones legales que existen en el estado, que son una pesadilla para cualquier familiar que intente hacer algún trámite legal al respecto. Con el fin de mejorar estas condiciones, desde julio de 2018 se encuentra pendiente la aprobación de una Ley Estatal. Ante esto, la semana pasada se convocó por parte de los diputados del Congreso del Estado de Jalisco el “Diálogo Participativo en torno a la Ley del Estado de Jalisco sobre Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometidas por Particulares”. Dentro de los más de 20 invitados al foro para participar, sólo 3 eran asociaciones civiles relacionadas con el tema. Estos colectivos se retiraron antes de iniciar la sesión en forma de protesta ya que consideraron una falta de respeto que se les haya invitado con tan sólo 2 días de anticipación.
Es fundamental integrar a las discusiones de esta ley a los familiares de los desaparecidos, ya que son los que han padecido esta situación y entienden cómo funciona la problemática. Por mucho tiempo nuestros legisladores han creído que los procesos de creación de normas les competían sólo a ellos por ser los expertos y los representantes del pueblo y han alejado a la sociedad civil de las decisiones más importantes del país. Esta práctica de desprecio a las opiniones y aportaciones de la sociedad civil organizada de nuestro estado ha sido una bastante común en los poco más de 100 días que lleva el nuevo gobierno. De no cambiar estas dinámicas, se augura un futuro muy oscuro para la participación ciudadana durante este sexenio.
Las situaciones más lamentables en nuestro país se han logrado impregnar en la memoria colectiva de los mexicanos (como la matanza de Tlatelolco y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa) y es a partir de esta memoria que la sociedad civil ha logrado grandes cambios. Pero la generación y preservación de memoria no debe ser una obligación exclusiva de la ciudadanía. Son los gobiernos, como parte de las políticas de reparación de daño, los que deben asumir políticas activas de generación y preservación de memoria colectiva, garantizando la plena participación de la sociedad en estos procesos. La sociedad no sólo debe ser destinataria de estas políticas, sino que también debe tener una voz privilegiada y mayoritaria en la reparación del daño perpetrado en estos últimos dos sexenios y en la creación de políticas de memoria que puedan transformar los discursos oficiales monolíticos que hasta el momento no han tenido apertura a la comunidad y a los desafíos que plantea la dura realidad de nuestro estado y nuestro país.
Nuestro estado está en deuda con estas personas. Quizás algún día luminoso de justicia nos brinde las respuestas que durante tantos años se han hecho los colectivos de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, las familias de los desaparecidos y se logre determinar cuál fue el destino de los desaparecidos. Quizá algún día el Estado nos pueda responder dónde están. Quizá algún día podamos volver a salir a la calle tranquilos, sabiendo que no hay duda de que regresaremos a nuestro hogar.
Referencias
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada De Personas, Brasil, 9 de junio de 1994, disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-60.html
Osorio, E. (2019). Es Jalisco líder… en no investigar. Mural, Portada.
Pilar, J. (2019). Colectivos se retiran de mesa de diálogo. El Diario NTR, 9.
Rosso, L. (2018). Quilmes la Brigada que fue Pozo. Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.
Torres, R. (2019). Suman 516 jaliscienses desaparecidos en 67 días. 5 de abril, 2019, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/suman-516-jaliscienses-desaparecidos-en-67-dias?fbclid=IwAR1bLxc1oMVWzQl96Xjmbyki9t_IDHok1cUa4TP0NtEDBBsJz1Gv3C2UDsU
Zona Docs. (2019). Jalisco: un registro de desapariciones que no cuadra. 5 de abril, 2019, de Zona Docs Sitio web: https://www.zonadocs.mx/2019/04/03/jalisco-un-registro-que-no-cuadra/?fbclid=IwAR0J-vDV2G6XOj_isPPzQwhvbbE4VW_ewFhkcBemq4rcM8Cpu2AeDDuGNws
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Carlos Riggen tiene 19 años, es estudiante de Derecho en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), es parte del equipo de comunicación de Futuro Jalisco y fue parte del equipo legal en la campaña al Senado de Pedro Kumamoto.
Twitter: @carlosriggen
