Ya a nadie sorprenda la noticia: México ocupa los primeros puestos a nivel mundial en materia de corrupción. Numerosos estudios a nivel internacional han dado cuenta de ello. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, nuestro país es la decimotercera nación más corrupta del orbe y, si excluimos a los países menos industrializados del listado, México remonta deshonrosas posiciones hasta ubicarse en el mero primer lugar.
El presidente Enrique Peña Nieto ha justificado los altos niveles de corrupción que se palpan en cada estructura del país amparándose en el argumento de que es un “asunto cultural” de los mexicanos y, peor aún, que no hay quien se atreva a “tirar la piedra” sobre el tema, porque todos somos parte del mismo. Este fenómeno se manifiesta en la opacidad, desfalcos, desvíos de recursos y endeudamiento que pululan en las finanzas públicas.
El problema ha quedado evidenciado con los tan mediáticos casos de los ‘nuevos rostros’ del Partido Revolucionario Institucional: Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. La herencia millonaria que estos exfuncionarios han dejado a sus entidades concentra 60% del total de la deuda pública de los 12 estados que en 2016 cambiaron de gobernador. Aunque quisiéramos pensar que este es un hecho aislado, los casos de corrupción y abuso de poder se cuentan por racimos.
La exorbitante deuda pública que los gobernadores han dejado en estados como Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo ha dejado en crisis algunas de las haciendas estatales, además de crear un compromiso financiero tanto para ciudadanos, como para generaciones futuras. Incluso así, el tema se ha minimizado por creer que no afecta el equilibrio macroeconómico del país, afirma el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en su reporte “Deuda Estatal, un problema público nacional“.
Prácticamente todos los días están saliendo en prensa nacional noticias que hacen referencia a este problema. Por ejemplo, Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, ha tenido que contraer deudas para pagar las deudas que Duarte dejó. Y están batallando para sacar la lana, incluso, de la nómina del estado.
“La problemática de la deuda estatal”, se lee en el reporte del CEEY, “no sólo está lejos de resolverse, sino que esconde muchos problemas de legitimidad, opacidad, corrupción y, quizás, de financiamiento ilegal de campañas electorales. Se trata de un problema nacional”.
Quizá vale la pena empezar a tratarlo como tal.
