Organizaciones civiles condenan la detención de los activistas Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica

En medio de las amenazas de Donald Trump —sobre la imposición de aranceles en los productos mexicanos si el gobierno de AMLO no contiene la entrada de migrantes indocumentados a Estados Unidos—; la tarde de ayer se denunció la detención de dos activistas y defensores de derechos humanos de los migrantes: Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica. Sin embargo, en la conferencia mañanera de este jueves 5 de junio, al ser cuestionado por la prensa, AMLO declaró que las detenciones no se ordenaron por un acuerdo entre México y Estados Unidos.

Aunque el  mandatario explicó que las autoridades no actuaron por consigna “para quedar bien con un gobierno extranjero”, organizaciones civiles han levantado la voz en defensa de los activistas, ya que los arrestos se llevaron a cabo de manera violenta y han sido acusados por delitos federales.

Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica

Ambas detenciones se llevaron a cabo la tarde del 5 de junio. En el caso de Cristóbal Sánchez —fundador del colectivo Cultura Migrante y colaborador del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana CDMX— fue arrestado afuera de su domicilio por policías que iban vestidos de civiles y sin mostrarle ninguna orden de aprehensión o explicar las causas del arresto, subieron a Sánchez a un vehículo.

Mas tarde, el activista pudo comunicarse con sus familiares y les detalló que había sido acusado por delitos federales y sería llevado al Ministerio Público Federal, tras 15 años de labor en temas migratorios.

En el caso de Irineo Mujica, quien es presidente de Pueblo Sin Fronteras (PSF), el activista fue arrestado en Sonoyta, Sonora, al salir de la oficina de la empresa de transportes de su familia —ubicada en la garita fronteriza.

De acuerdo con los reportes, Mújica fue interceptado —se repite el caso— por tres sujetos vestidos de civil y, por el momento, se desconoce la ubicación donde el activista se encuentra.

Los cargos

Se supone que los activistas son acusados por el delito de tráfico de personas —según el artículo 159 de la Ley de Migración. La orden corrió a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGR). Sin embargo, organizaciones civiles como el Programa de Asuntos Migratorios y Maestría en Estudios de Migración de la Universidad Iberoamericana CDMX-Tijuana, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez o el Movimiento Migrante Mesoamericano, pidieron al Estado mexicano que garantice la libertad de los activistas y que respete sus derechos al debido proceso.

Como mencionamos, las organizaciones han señalado que los arrestos se llevaron a cabo sin explicar a Cristóbal e Irineo los delitos que se les imputaban, además de operar bajo conductas violentas. Mientras, AMLO ha negado que estas detenciones tengan como motivo la presión de Estados Unidos.