En cumplimiento con protocolos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado viernes funcionarios del gobierno estatal de Chiapas, ofrecieron una disculpa pública a Ananías Laparra y su familia, por haber sido injustamente encarcelado y por los daños físicos y materiales que les provocaron.
En 1999 don Ananías fue inculpado por el asesinato del joven Elvis Díaz Martínez, quien supuestamente murió por asfixia. Aunque el día que se presentó ante el Ministerio Público para reconocer el cadáver de su hijo, el señor Eristarco Díaz dijo no saber bajo qué circunstancias murió Elvis, días después señaló a don Ananias Laparra como responsable. A partir de ese momento comenzó el trato injusto en contra del hombre de oficio albañil.
El caso del señor Laparra no sólo refleja la pésima impartición de justicia en nuestro país, sino también la brutal tortura que las autoridades ejecutan en la “búsqueda” de responsables de crímenes que no se toman la molestia de investigar: En un inicio, la esposa de don Ananías – Rosa Godínez- estuvo presa; después sus hijos Rocío y José Laparra –en ese entonces de 16 y 14 años- fueron torturados en oficinas del Ministerio Público hasta señalar a su propio padre como asesino de Elvis, un vecino del ejido en el que habitaban.
Sin una orden en contra, sólo con la declaración forzada de sus hijos, el señor Laparra fue detenido y torturado hasta confesar el homicidio. Sin saber leer ni escribir, con los ojos vendados, fue obligado a firmar su declaración. “Le compusieron que [Elvis] era novio de su hija, que por eso lo había matado”, comenta la esposa de Laparra.
Aunque hubo testigos que lograron identificar a los verdaderos asesinos de Díaz Martínez, no fueron detenidos, ya que los familiares no presentaron acusaciones en su contra: “Ya tenían quien la pagara”. Incluso uno de ellos fue aprehendido, pero se le dejó en libertad por falta de pruebas, señala Rosa Godínez. En tanto, Laparra fue condenado a 28 años de prisión por homicidio.
Ahora, a más de 13 años de distancia de los hechos, don Ananías recibió del gobierno estatal y federal una disculpa, así como el compromiso de resarcir todos los daños: “Que esta batalla que han dado sirva de ejemplo y que sirva también para recordarnos a las y los funcionarios públicos que nuestro actuar debe ser probo, honestos y comprometidos con los derechos humanos”, comentó en el acto Lía Limón, subsecretaría de Gobernación para Derechos Humanos.
Ya en libertad, el señor Laparra no pudo ocultar el pesar por todo lo que atravesó. Además de haber perdido muchos de sus bienes -le robaron las vacas que tenía en su terreno, el mismo que tuvo vender para pagar un abogado-, lo que más le afecta es la tortura de la que fueron víctimas su esposa e hijos, especialmente el menor de ellos, José Ananías Laparra Godínez, quien debido a su experiencia se volvió alcohólico, partió para la ciudad de México y a la fecha no tienen informes de él, se encuentra desaparecido.
Además de los gobiernos federal y estatal, también el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, y el titular del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, admitieron la responsabilidad al no procurar e impartir justicia conforme a derecho. Aunque se identifica que en las torturas participaron Donato Vela Rodas, agente del MP; Miguel Ángel Castañón Armento, entonces jefe del grupo especial de la Policía Judicial y los elementos Rony Obeth Zaragoza Rodríguez, Máximo Becerra y Pablo Morales, no se habló de castigos contra ellos o contra el entonces procurador Eduardo Montoya Liévano… sólo disculpas.
“Hoy queda sin efecto legal alguno, ya que fueron víctimas de tortura y forzados a firmar declaraciones inculpados, al señor Ananías Laparra Martínez y a su familia. Por eso hago énfasis en el reconocimiento que hace el Estado mexicano a la responsabilidad internacional por la violación a los derechos humanos que se presentaron en este caso”, comentó en el acto público el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco… y ya. Así se le repara a quien injustamente estuvo en la cárcel.
