El 29 de septiembre pasado el terror se materializó. Decenas de personas armadas y encapuchadas sitiaron una comunidad en el municipio de Chenalhó, asesinaron a varias personas, quemaron casas y provocaron el desplazamiento forzado de cientos de personas.
Ha pasado más de una semana y las fuerzas de seguridad estatales y federales no han podido entrar a la zona.
¿Qué está pasando en Chenalhó?
Medios locales refieren que todo este asunto comenzó a principios de este 2022, cuando pobladores de la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, firmaron un acuerdo de paz y desarme. Con ello expulsaron a un grupo armado que aún mantenía agresiones contra Aldama, esto a pesar de un acuerdo de paz firmado en 2019.
Y ¿por qué un acuerdo de paz? Entre la comunidad de Santa Martha y el municipio de Aldama hay un antiguo conflicto agrario (de más de 40 años) por la posesión de 22 hectáreas de tierra que se dividieron.
El 4 de junio de 2019 se firmó un convenio de no agresión entre los habitantes de Aldama y los de Santa Martha. A pesar de eso, al día siguiente, pobladores de Aldama denunciaron que hubo disparos procedentes de Santa Martha. El conflicto y las agresiones no se detuvieron del todo.
A inicios de este año pobladores de Santa Martha, en Chenalhó, decidieron expulsar a un grupo armado que mantenía agresiones contra Aldama. Ese grupo llegó a tierras de la comunidad de Atzamiló, en el mismo municipio, el pasado 29 de septiembre para apoderarse de zonas de cultivo.
A pesar de que las autoridades ejidales de Santa Martha intentaron intervenir, el grupo armado respondió atacando contra la población, quemando casas y terrenos completos con siembras. Ya hay reporte de personas muertas.
Es más, los vecinos de la comunidad sitiada afirman que un helicóptero del estado sobrevoló la zona pero también recibieron disparos. Lógicamente por el miedo cientos de pobladores, de la comunidad indígena, salieron huyendo de sus casas hacia la zona de la montaña y hacia otras comunidades cercanas.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Frayba, hasta el 6 de octubre pasado se tenía conocimiento de alrededor de 129 personas desplazadas, lo que son 32 familias. Hay al menos 36 niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.
El centro de derechos humanos denuncia que el Estado mexicano tiene un alto nivel de responsabilidad porque ha sido omiso y a permitido que los grupos armados actúen con impunidad en la región de Los Altos de Chiapas.
Solo de 2011 a la fecha el centro ha documentado 40 conflictos en donde las armas fueron el principal recurso: en 33 casos se usaron armas de alto calibre. La mitad de todos estos hechos ocurrieron en los municipios en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.
Solo para que nos demos una idea de qué tan grave es la situación: ni el Ejército ha podido entrar.
Suspenden operativos en Chenalhó
Hace algunas horas convoyes de Fuerzas Armadas comenzaron a entrar al sector de Santa Martha. Participaron elementos de la SEDENA, de la Guardia Nacional, autoridades de Gobernación, policías, elementos de Derechos Humanos.
Entraron a la presidencia municipal, hicieron acuerdos y a las 10:20 agarraron caminos hacia Santa Martha. Poco antes de llegar, en la comunidad de Belisario Domínguez, el convoy decide frenar y dieron marcha atrás.
Protección Civil de Chiapas anunció la entrega de despensas, colchonetas, agua embotellada, pañales y otros artículos de primera necesidad para las personas desplazadas de Atzamilho.
De acuerdo con un censo preliminar, hay 32 familias con 135 personas.
El pasado 30 de septiembre, la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación por el homicidio calificado de Alfredo “N” en Santa Martha, Chenalhó.
De acuerdo con la familia, este hombre estaba en terrenos de la Fracción Santa Martha (los tomados por el grupo armado) y personas desconocidas le dispararon.
En una reunión de seguridad entre la SEDENA, Guardia Nacional, Policía estatal, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Juez Propietario de Paz y Conciliación Indígena de Chenalhó, se acordó establecer puntos de control en las entradas y salidas de la cabecera municipal del municipio chiapaneco.
Pero la violencia continúa.
