Lo hemos leído en los periódicos del país: gente desplazada por conflictos violentos en la sierra de Guerrero, en las montañas de Chiapas, por el crimen organizado en los estados de Michoacán y Jalisco. Finalmente, hoy sabemos que ocho millones 726 mil 375 personas han abandonado su hogar en el periodo de 2011 a 2017, precisamente por la violencia.
En contexto del cambio de gobierno —que se llevó a cabo el 1 de diciembre del año pasado— y del impacto de la violencia en la cotidianidad de las zonas rurales y estatales de nuestro país, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) dio a conocer el informe “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”.
Alrededor del total de 8 millones, la mayor parte se encontraba el Estado de México y entre los estados con mayor desplazamiento están: Guanajuato, Nvo. León y Michoacán. @dabrenperez pic.twitter.com/sT8VdHt09w
— CMDPDH (@CMDPDH) 15 de febrero de 2019
Y aunque esta cifra no representa una cifra oficial —ya que los datos fueron tomados de la pregunta sobre si los mexicanos han cambiado su residencia por motivos de inseguridad—, la Comisión consideró que refleja la situación que México vive.
La estimación de cifras sin precedentes sobre la condición de las personas desplazadas. La cifra más alta sacada del INVIPE que se estima que alrededor de poco más de 8 millones entre 2011 a 2017. @JoseAGuevaraB pic.twitter.com/qBZ48UZOND
— CMDPDH (@CMDPDH) 15 de febrero de 2019
La migración interna
La situación no pinta nada bien: ante los índices de violencia —enfrentamientos, presiones, amenazas y agresiones—, cientos de miles de familias mexicanas han tenido que desplazarse de su lugar de origen para poder salvar su vida.
Sobre este asunto, aún no existe un registro oficial, aunque las cifras de distintos grupos encuestadores han apuntado las diferencias que van desde los 200 mil desplazados hasta los ocho millones de personas afectadas por la violencia.
¿Hablamos de una emergencia? Por lo pronto, el gobierno de AMLO tiene que reconocer que esta situación existe y comenzar a desarrollar el marco legislativo para apoyar a la población desplazada —que no encuentra un refugio estable y tampoco la ayuda necesaria por parte de los gobierno municipales y estatales—.
La Guerra contra el narco
En contexto de la creación de la Guardia Nacional y los señalamientos de organizaciones civiles para que el ejército no tenga el control de las operaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos puso el acento en que aun con los operativos militares y el combate contra el narco —en lo que fue la llamada Guerra contra el narcotráfico, iniciada por Felipe Calderón— el desplazamiento no se erradicó.
Es más, el desplazamiento forzado interno por motivo de violencia escaló en un número mayor —si bien se sabía de los desplazamientos en los estado del sur por cuestiones sociales, represión política y desastres naturales, la violencia de mano del crimen organizado llegó a acechar la vida de las comunidades hasta cambiar su contexto—.
#Enestosmomentos presentación del libro “Entre la invisibilidad y el abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México” pic.twitter.com/o0w14V3Ktk
— CMDPDH (@CMDPDH) 15 de febrero de 2019
Como el fue el caso de Ciudad Mier, en Tamaulipas, que se convirtió en una ciudad fantasma en 2019, pues la comunidad decidió cambiar de residencia ante el incremento de la violencia y la incidencia de los cárteles de la droga, en 2011.
Sin embargo, conforme avanzó el tiempo, el mapa de los desplazados se extendió en varios estado del país y los afectados ahora no son sólo las zonas del sur, Zacatecas, Durango, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán y Sinaloa han visto modificada su cotidianidad por la violencia del crimen organizado.
**Foto de portada: Cuartoscuro.
