Luego de la riña ocurrida en el Penal de Topo Chico, la cual dejó “nada más” un saldo de 49 muertos, las autoridades tendrán que dar muchas explicaciones… pero ¿y por qué no las dieron antes?
Desde hace dos años, la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades correspondiente echar ojo a la “flexibilidad excesiva” que había con la población del mentado penal… ya que, durante una visita al inmueble localizado en Nuevo León, se detectó que los reos tendían al autogobierno y a situaciones de violencia. Ahora sabemos que el relator sobre tortura y derechos humanos de la ONU tenía algo de razón.
Pero bueno, ahora que pasó la trifulca en la que además -según- hubo sólo una docena de heridos, el relator, Juan E. Méndez, solicitó que ahora sí se lleve a cabo una investigación “imparcial y exhaustiva”.
Bueno, en su momento se remarcó el hecho de que en Topo Chico había situaciones de hacinamiento, condiciones sanitarias medio gachas, además de tratos crueles, inhumanos y degradantes… seguro sólo para unos, porque otros privilegiados poseían adentro de sus celdas baño sauna, frigobar, colchones de alta calidad, acuario, caminadoras para bajar las carnitas que se hacían en sus parrillas eléctricas (o compraban en los puestos ambulantes detectados al interior) y demás maravillas que algunos que estamos en libertad apenas soñamos.
¿Cómo le hago para tales privilegios? Se preguntarán quienes ya quieren entrarle a la delincuencia para pasarla así de chévere. Bueno, nada más tienen que ser líderes criminales y tener un apodo medio picudo como Jorge Iván Hernández Cantú “El Credo” y Juan Pedro Saldívar Farías “El Z-27”, quienes han sido identificados como los prisioneros que gozaban de más privilegios y que, se presume, dieron inicio a la batalla campal… claro, no sólo por diversión, sino por el poder de la prisión.
En fin, mientras se ponen de acuerdo para ver qué le hacen a la directora de Topo Chico, Gregoria Salazar, quien consentía tanto cariñito y por ello ya se encuentra detenida por los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad… el relator de la ONU de nueva cuenta hizo un llamamiento al gobierno mexicano, aparte de solicitar la reparación del daño a las víctimas y familiares: “incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos, que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención en dicho penal”.
Por otra parte, respaldó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de exigir la investigación de lo ocurrido.
Pues a ver si (ahora sí) le hacen caso.
