La polémica propuesta de mover las secretarías de Estado a diferentes entidades de la República va muy en serio. Así lo aseguró el propio AMLO, ahora que varias voces señalan el dineral que implicará la descentralización y su costo social.

En el Plan de Nación 2018-2024 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se indica que un primer sablazo para implementar la descentralización del Estado ocupará un total de 22 mil 805 millones de pesos… sobre todo en estudios para conocer las capacidades físicas de las ciudades, análisis de carácter antropológico, estudios de mercado,  así como la operación de coordinaciones y, claro, construcción de infraestructura, compra de equipos, sistemas, inmobiliario y la respectiva mudanza de las dependencias.

 

De acuerdo con Reforma, todo el chistecito (el cual prevé la movilización de 27 dependencias) tendrá un costo total de 127 mil millones de pesos y, además, implicará que, en caso de querer conservar su chamba, cerca de 400 mil personas tenga que mudarse (aunque especialistas indican que el número supera los 2.7 millones de chilangos)… pero al menos tendrán chance de despedirse: la ejecución completa de este plan demorará – según indica el diario capitalino – todo el sexenio.

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“Pfff… y todo para que el próximo presidente (el que vendrá después de AMLO) aplique la ñera y regrese las dependencias federales a la CDMX”, dirán algunos… bueno, sólo será el caso, si no concuerda con la justificación con la que López Obrador pretende ejecutar la descentralización. ¿Cuál es?

Remitiéndonos al Plan de Nación de AMLO, se indica que existe un “exacerbado centralismo”. Y pues sí: Prácticamente todo el gobierno federal está concentrado en la CDMX, lo cual provoca que muchas empresas privadas e instituciones se concentren en la capital del país. Según lo previsto por AMLO, la descentralización del Estado implicará un verdadero “Mover a México”: con la mudanza de las dependencias, algunas empresas se verán obligadas a moverse… también cierta población y, con todo esto, también el capital monetario. ¿Así menos odio contra los chilangos? Igual, habría que esperar.

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¿Y el dinero? Según indica Reforma, no todo el dinero que se invertirá en este colosal cambio saldrá del erario. Aunque el financiamiento sería preponderantemente público, se considera también la participación privada en obras e infraestructura.

Como cada una de las propuestas de AMLO, ésta no es la excepción y ya tiene férreos detractores. Y más ahora que ya se vislumbra el costo económico y social. Sin embargo,  ayer el virtual presidente electo advirtió que quienes se oponen a la descentralización se la van a… se van a aguantar: “va para adelante el plan de descentralización del gobierno federal”.

 

Como arranque de este plan se iniciará con la mudanza de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Energía. La primera para Puebla y la segunda a Tabasco. Cada dependencia será enviada a su mejor destino, según los resultados de los estudios, y su emplazamiento será total o parcial, según indica el Plan de Nación.

¿Y los trabajadores? Pues, aunque todavía no se tiene claro qué pasará con ellos y bajo qué condiciones se habrán de ir, en la propuesta se plantea que habrá una política de consulta y conciliación con los sindicatos y representaciones laborales. Seguro habrá inconvenientes, pero – según prevé la futura administración – será posible superarlos con diálogo.

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