Casi medio siglo ha pasado desde la última vez que se desaparecieron los poderes de algún Estado en México. Suena a prehistoria política, la neta… pero el tema está de vuelta en 2021 por el caso de Tamaulipas y su gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca que enfrenta cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los senadores plantearon la posibilidad de quitar al gobernador y hacer esta importante declaración.
Ese enredo legal consiste, en términos rápidos, en desaparecer los poderes constitucionales del Estado en cuestión y nombrar a un gobernador provisional elegido por el presidente. Después, tienen 6 meses para convocar a elecciones.
Se trata de una movida poco común en los últimos años, pero que tiene una larga historia de presiones políticas en México pues ha sucedido más de 60 veces.
Sin embargo, contar todas sería una tarea titánica. Aprovechando que está el tema caliente, queremos recordar la historia de la última vez que desaparecieron los poderes en alguna entidad. Fue en 1975, en el estado de Hidalgo y el presidente era Luis Echeverría.
Desaparición de poderes en 1975
La desaparición de poderes en Hidalgo en 1975 “fue producto de una pugna por el poder entre el presidente Luis Echeverría y el exgobernador Manuel Sánchez Vite”, señala Harim Benjamín Gutiérrez, profesor de la UAM.
En esos años, el estado estaba en situaciones bastante peliagudas.
Había disputas por las tierras, despojos, recuperaciones y pleitos que terminaron en una ola de violencia que superó a todas las autoridades civiles. “Ante eso, el gobierno federal movilizó numerosos efectivos militares para mantener el orden; al mismo tiempo llegaron más funcionarios federales civiles encargados de resolver asuntos agrarios y de promover el desarrollo rural”, recuerda el académico,
En medio del pleito federal contra local, cuando las relaciones entre Echeverría y Sánchez Vite se ponían más tensas, el hidalguense —que era de una facción opositora del PRI— logró poner a su consentido en la silla del gobernador, se trataba del doctor Otoniel Miranda.
El 22 abril de ese año, empezaron los cates en la Cámara de Diputados.
Acusando violencia del gobernador Miranda y las intromisiones de Sánchez Vite, los diputados leales a Echeverría acusaron que el estado de Hidalgo se había salido de control. Había desapariciones en las protestas, arrestos no justificados y represión a los sindicatos. “Se había roto ya el orden constitucional; ya no existían los poderes de facto y de jure, y no había autoridad local capaz de reconstruir las instituciones republicanas”, comenta Harim Benjamín Gutiérrez
El 29 de abril terminó la discusión y los legisladores, por unanimidad, determinaron que las autoridades civiles estaban superadas. Declararon la desaparición de poderes en el estado de Hidalgo.
El gobernador Miranda —y su compadre Sánchez Vite— fueron acusados de colusión, de prácticas violentas y hasta de rebeldía.
Esa misma noche, Raúl Lozano Ramírez, uno de los tres nominados por Echeverría, rindió protesta como titular del Ejecutivo en Hidalgo. Gobernó hasta septiembre cuando entregó el cargo al nuevo gobernador, Jorge Rojo, que había ganado elecciones.
Ni Miranda ni Sanchez Vite recibieron denuncias formales ni se les abrieron procesos penales… con todo y las gravísimas acusaciones que tenían encima.
¿Pasará de nuevo en 2021?
La verdad es que suena enredado y complicado, pero con la posibilidad en la mesa, vale la pena echarle un ojo a cómo se pongan los agarrones en el Senado de nuestro país, que tiene la mira puesta en la situación de Tamaulipas.
*Si quieren echarle más ojo a la historia de la desaparición de poderes en México, pueden echarle una leída a ESTE TEXTO del investigador de la UAM, Harim Benjamín Gutiérrez. “La desaparición de poderes había sido durante muchos años una espada de Damocles que marcaba un límite al poder que podían ejercer las fuerzas políticas locales y regionales (…) desde entonces no se ha vuelto a declarar una desaparición de poderes”, comenta.
