Los casos de tortura en México crecieron 332% solamente de 2015 a 2016: en tan sólo un año se reportaron 216 denuncias por actos de tortura, de acuerdo con un informe realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El presidente del órgano, Luis Raúl González Pérez, indicó que el año pasado “presentó una coyuntura especialmente difícil en materia de Derechos Humanos“. Durante 2016 también crecieron los índices de desaparición forzada y privación de la vida.
La Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca fueron las entidades federativas en las que se contabilizaron una mayor cantidad de incidencias. Entre las corporaciones señaladas por la CNDH se encuentra la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina. El número de cargos formulados por tortura en México es alarmantemente bajo, de acuerdo con Aministía Internacional, de los miles de denuncias de tortura realizadas desde 1991, sólo 15 han concluido en sentencias condenatorias a nivel federal.
De acuerdo con la investigación realizada por Ana Laura Magaloni y Beatriz Magaloni, especialistas en políticas de control del crimen y seguridad, publicada en la revista Nexos, la tortura es un método de investigación criminal que se utiliza para recabar información para proceder contra penalmente contra un detenido o dar con el paradero de otros probables responsables. La tortura, indican las expertas, se produce en un ámbito en el que los funcionarios encargados de perseguir y castigar a quienes delinquen rebasan sus atribuciones constitucionales y utilizan “el maltrato físico y psicológico para extraerle información o la confesión del delito que se le pretende imputar“.
La Convención de la Organización de las Naciones Unidas considera como métodos de tortura los golpes, toques eléctricos, asfixia, aislamiento, abuso sexual entre otros castigos físicos y psicológicos. En el caso de la tortura femenil, Amnistía Internacional denuncia que su práctica puede conllevar fuertes golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, amenazas de violación contra las mujeres y sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene.
La tortura, de acuerdo con Ana Laura Magaloni y Beatriz Magaloni, evidencia diversas falencias y vicios del sistema penal mexicano:
- La sola utilización de estos métodos revela la debilidad de un sistema de investigación de delitos, además de que existe la incertidumbre de conocer si quienes se encuentran en la cárcel cumpliendo una condena son realmente culpables del crimen que se les imputa.
- La tortura es una violación flagrante de los derechos fundamentales de toda persona.
- Al ser un delito, su práctica convierte en delincuentes a los encargados de investigar y acusar a los probables responsables de un crimen “lo cual destruye cualquier basamento de legitimidad y fortaleza de las propias instituciones de seguridad y persecución criminal”.
El número de homicidios y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos han aumentado desde que las Fuerzas Armadas tomaron cargo de la seguridad interior en el país hace diez años como parte de la ‘Guerra contra el narcotráfico’ que encabezó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. El 11 de diciembre de 2006, Calderón anunció una estrategia frontal contra el narcotráfico: una estrategia de seguridad militarizada que trajo consigo ejecuciones masivas, tortura, desaparición forzada, ataques a defensores de derechos humanos y asesinato de periodistas.
