De acuerdo con una investigación de Animal Político, desde marzo de 2019, la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), María del Rocío García Pérez, así como dos de sus colaboradores, obligaron a personal a entregarles de 2 hasta 4 % de sus salarios mensuales para poder seguir manteniendo su empleo. De hecho, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sabía de esta situación y abrió una investigación apenas este 23 de abril, a pesar de que recibieron denuncias de esta situación desde hace nueve meses.
¿Qué pasa con la directora del DIF?
Además de denunciar que la directora del DIF, María del Rocío García Pérez amenaza al personal diciendo que tiene una supuesta amistad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Muller para que le den parte de su salario, acusan que incluso repartió entre los altos mandos de la dependencia una lista con las siete categorías de plazas escogidas y los montos a pagar, que iban de los 500 a los dos mil 500 pesos mensuales.
Sí, si se toma en cuenta la nómina de la institución, todas las categorías que estaban en la lista suman exactamente 1,002 puestos de trabajo, por lo que la entrega de salarios sumaría más o menos 658 mil 400 pesos al mes, lo que al año representa siete millones 900 mil pesos al año.
Gracias a las denuncias de trabajadores del DIF que recabó Animal Político, que ganan sueldos de entre 12 mil y 100 mil pesos, se confirma que el personal debían entregar dinero en efectivo para el supuesto “Programa Ahijado”, del cual no existe registro oficial en la dependencia federal.
Al respecto, presuntamente, la directora les dijo que el dinero serviría para los gastos de la institución que no alcanzan a solventar con el presupuesto público. No obstante, los trabajadores indican que no saben en que se ha utilizado parte de sus salarios.
El caso del supuesto “Programa Ahijado”
Según la investigación de Animal Político, no pasaron ni cuatro meses de la nueva administración presidencial, cuando a los altos funcionarios los citó María del Rocío García Pérez. Ese día no les permitieron llevar sus teléfonos celulares y luego la directora del DIF, junto a sus colaboradores Liliana Aguilar Cortés, entonces titular de Administración y Finanzas, y Alfredo Anguiano, director general de Programación y Presupuesto les informó de la supuesta mala situación de la dependencia: tenían gastos que no podían solventar y por ello el personal tenía que “apoyar” con parte sus salarios cada mes y en efectivo.
Este dinero, presuntamente, sería para el “Programa Ahijado”, que aunque no era oficial dentro del DIF, se sostendría con las aportaciones de los trabajadores de alto mando así de las de subalternos, quienes tenían que seguir esta orden.
Incluso recibieron una hoja con el título “Propuesta programa ahijado sistema nacional DIF” con las tarifas que debían aportar según la jerarquía de las siete plazas de confianza incluidas: dirección general, tres mil pesos; jefes de Unidad, dos mil 500; directores generales, dos mil pesos; directores de área, mil 500 pesos; subdirectores de área, mil pesos; jefe de departamento, 700 y los soportes administrativos, 500 pesos.
Aunque no pudieron grabar la reunión, los trabajadores se quedaron con la hoja y Animal Político pudo conseguir tres denuncias que interpusieron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en julio de 2020, por medio de la página de alertadores, un nuevo sistema implementado en la actual administración para el combate a la corrupción; además del testimonio de seis trabajadores y exempleados, de los cuales tres mostraron la lista de plazas y tarifas.
¿Cómo recababan la parte de los salarios del DIF?
Según los testimonios, los titulares de cada área escogían a alguno de sus colaboradores para recolectar el dinero de los subalternos a final de cada mes. Luego lo entregaban en la oficina de Alfredo Anguiano Chávez, a quien ascendieron como titular de Administración y Finanzas en 2020, y se encarga de manejar el presupuesto del DIF.
La entonces titular de Administración y Finanzas, Lilia Aguilar Cortés, se encargaba de hacer la relación de quiénes y cuánto daban. Luego cuando identificaba faltantes, enviaba la lista con los nombres de los morosos al jefe correspondiente para que los presionara. Cabe señalar que ella también fue ascendida y actualmente es Jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable.
De hecho, una de las denuncias indica que “cada vez que los servidores públicos acuden a ella (Lilia Aguilar Cortés) para manifestar su desacuerdo (por la entrega de dinero), ella dice que todo son órdenes de su jefa (la directora del DIF) y que ‘así se hace en todos lados'”.
Por otra parte, en otra de las denuncias, uno de los trabajadores advirtió que este dinero se depositaba en cuentas de “Saldazo”, las tarjetas de débito que se compran en tiendas de conveniencia que no necesitan trámites de apertura en algún banco, y que algunas veces se depositaban “a cuentas de los hijos de Rocío García u otro pariente”. A pesar de esto, no se puede comprobar por ninguna vía de información pública.
SFP ya lo sabía
Según la investigación de Animal Político, la Secretaría de la Función Pública ya conocía esta situación pues tres trabajadores presentaron denuncias: una registrada el 17 de julio y dos más el 20 de julio de 2020, aunque una de ellas sólo señala la exigencia de firmar una carta de renuncia sin fecha o de lo contrario no les entregarían su primer pago.
Aunque la dependencia le dio seguimiento a las denuncias, uno de los trabajadores preguntó en agosto y septiembre de 2020 y en enero de 2021 sobre el seguimiento a su denuncia, a lo que la SFP le respondió que se habían extendido los plazos debido a pandemia de COVID.
Incluso, apenas este 23 de abril, la dependencia federal informó que dos de las denuncias había sido concentradas en un expediente de investigación:
“Respecto de los hechos por usted alertados, le informamos que se hicieron de conocimiento del Órgano Interno de Control en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, atendiendo su caso, María Lina Vázquez Rojas, titular del Área de Quejas, quien mediante el oficio 12/360/AQ004/2021, informó que los hechos denunciados fueron registrados en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias (SIDEC), con número de folio 19**/2021 y clave 824****, y que para tal efecto quedó bajo expediente de investigación 2021/DIF/DE206“.
A esta situación, Animal Político preguntó a la SFP el estatus de la investigación y la razón por la que tardaron nueve meses en comenzar la investigación, pero la dependencia respondió que, por norma, no podía informar nada sobre una investigación en curso. Igualmente pidieron una entrevista con la directora del DIF, Rocío García, sobre las acusaciones de que pedía al personal parte de los salarios, pero sólo envió una tarjeta informativa para declarar que no conocía de ninguna investigación en su contra.
*Con información y documentos de Animal Político
