Cosas que no deberían de pasar… pero siguen pasando. El domingo 1 de mayo la activista trans Keila Simpson llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México desde Brasil para participar en el Foro Social Mundial, que se llevará cabo del 1 al 6 de mayo.
La activista es parte de la delegación brasileña que está participando en el evento internacional e iba a hablar en una mesa sobre la violencia contra la población trans. Sin embargo, al llegar a CDMX personal de Inmigración la detuvo y negaron su entrada al país debido a inconsistencias, por lo que la deportaron de regreso a Brasil.
Las “inconsistencias” fueron que el nombre de su pasaporte no corresponde con su expresión de género.
Keila Simpson
La activista viajaba a México en representación de la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti, Transgénero e Intersexual (ABGLT), así como la Asociación Nacional de Travestis y Transgéneros (ANTRA) de la que es presidenta.
La ANTRA afirma que desde que la detuvieron y ordenaron su deportación, la mantuvieron por casi 10 horas aislada e incomunicada, sin derecho a comunicarse con otras personas de la delegación. Es por esto que activistas denunciaron la situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El asunto es que el proceso de deportación fue mucho más rápido y regresaron a la activista.
Explican que la activista presentó todos los documentos necesarios para entrar al país como pasaporte, la invitación oficial al evento, el formulario de inmigración, el voucher de estancia en un hotel de la Ciudad de México. Exactamente los mismos documentos que el resto de la delegación que estaba viajando.
Sin embargo, Simpson afirma que ella usó su nombre social, mismo que no ha sido rectificado en los documentos.
“Reiteramos que es inadmisible que la recepción y el acceso a los derechos de las personas trans estén condicionados a su estatus de documento rectificado, ignorando el derecho a utilizar el nombre social, cometiendo una violación de los principios fundamentales de las personas trans por ser quienes son“, afirma en un comunicado la ANTRA.
Explican que las autoridades de migración deben considerar que hay personas que no pueden rectificar sus documentos debido a problemas legales, hay quienes no quieren rectificar y hay algunas otras personas que no pueden ejercer ese derecho porque no es sencillo ni barato.
Afirman que cualquiera que sea el motivo, la autodeclaración de género es un derecho humano. Es por eso que respetar los pronombres, nombre social, expresión e identidad de género de las personas trans debería estar por encima de cualquier norma formal.
Debido a esta situación, la participación de la activista será de manera virtual y servirá como denuncia por la deportación. Además, afirman que el gobierno de México debe reparar la violencia institucional, simbólica y psicológica que se sufrió.
