En boca de todos estuvo la idea de Estado Fallido después de que José Mujica realizará una serie de declaraciones controvertidas a Foreign Affairs Latinoamérica, refiriéndose a la situación actual de México.
Como era de esperarse, el gobierno mexicano reaccionó de inmediato a través de la cartera encargada de la política exterior consiguiendo, solamente unas horas después, la rectificación del presidente uruguayo. Por otra parte, algunos periodistas comenzaron a hablar de intentonas golpistas al gobierno en turno.
En este escenario de polémicas declaraciones, de inmediatas rectificaciones y de “eruditas previsiones” cabría preguntarnos si México es en realidad un Estado fallido, así como si sería posible o previsible un golpe de Estado.
El Estado de Derecho está compuesto por todas las organizaciones y poderes públicos cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales. Las reglas del juego político, social, económico y cultural, expresadas en la Constitución, se componen de dos tipos de normas. Por un lado, las normas que declaran y garantizan los derechos fundamentales. Por otro, las normas para la creación y la delimitación de los poderes públicos u organizaciones estatales. La existencia de un Estado de Derecho tiene como principal objetivo la garantía y el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que las normas sobre los poderes públicos se erigen en función de dichos derechos y no a la inversa.
Un Estado sin derechos fundamentales puede considerarse como régimen autoritario; mientras que un Estado en el que dejan de cumplirse las normas constitucionales para la creación y la limitación de poderes es un Estado institucionalmente fallido. No hay que perder de vista, sin embargo, que un Estado fracasado implica no solamente la eliminación de las normas de creación y control de los poderes públicos, sino también la perdida de la legitimidad, del control del monopolio de la violencia, así como la incapacidad para asegurar los derechos fundamentales a sus ciudadanos y para participar como miembro con pleno derecho en la comunidad internacional.
Para comprender mejor esta relación podemos guiarnos por el siguiente esquema:
La protección, defensa y tutela de los derechos fundamentales es la razón de ser del Estado de Derecho, entendido como el conjunto de organizaciones públicas que emanan de la voluntad popular y que tienen como finalidad garantizar los principios y los valores para la convivencia social.
Por un lado, se encuentran (i) los derechos negativos, es decir, todos los derechos en los que el Estado no puede intervenir para regularlos. Llamados también como derechos civiles y políticos en la tradición liberal incluyen la libertad de conciencia (religiosa, política, científica, artística, etc.), la libertad de estampa, la libre organización y manifestación, la libertad de protesta y el derecho a la resistencia, guiándose por el principio jurídico que dicta que “todo lo que no está prohibido está permitido”.
Por otra parte, se encuentran (ii) los derechos positivos, también denominados derechos económicos y sociales, en los que la intervención y regulación del Estado es condición necesaria para su cumplimiento. Entre los derechos de esta naturaleza podemos encontrar los que garantizan el acceso a la sanidad, a la educación, al trabajo, a la seguridad, etc.
La desaparición del Estado de Derecho implica normalmente la eliminación de los derechos civiles, dado que una vez que se elimina su razón de ser las autoridades no tendrían limitaciones legales para regular sus acciones y sus omisiones. Un golpe de Estado es una maniobra militar o política en la que un grupo de poder se adueña de las instituciones y los poderes públicos para someterlos a su capricho a través de vías no legales. Los medios de los que se pueden valer los golpistas pueden ser abiertamente violentos o indirectamente violentos. En el primer caso, el grupo golpista impone directamente su voluntad desapareciendo los poderes legal y legítimamente creados, ya sea erigiendo una junta militar, sometiéndose a la voluntad de un líder carismático, de un grupo guerrillero o de un grupo de “gente honorable”.
Los medios indirectos, sin embargo, suelen ser mucho más sutiles y mucho menos evidentes. Puede darse cuando un grupo de personas consigue, mediante amenazas, chantajes, alianzas familiares o corrupción, manipular las instituciones públicas y las personas que las representan para reducir o eliminar los derechos fundamentales.
Esto puede darse a través de la imposición de una clase política que no obedece más a la sociedad civil, sino a los intereses de un grupo de poder, o bien, cuando un Estado extranjero impone un grupo político ilegitimo. En todo caso, el golpe de Estado tiene como misión fundamental el apoderamiento de los centros de control y de organización de una sociedad para imponer arbitrariamente la voluntad de un minúsculo grupo de personas, eliminando ipso facto las normas constitucionales referidas tanto a (1) los derechos fundamentales como a (2) las normas de creación y delimitación de los poderes públicos.
La situación actual de México es bastante delicada. Estamos hablando de un escenario en el que en los últimos seis años hay más de 150 000 muertos por la lucha contra el narcotráfico, más de 30 000 desparecidos, más de 115 000 desplazados, más de 50 000 niños reclutados en las filas de la delincuencia organizada, en la que hay 7 feminicidios al día y en el que más de 120 periodistas han sido asesinados, mientras que el 46% de la población padece pobreza multidimensional y el 97% de los delitos quedan impunes.
Actualmente no existe un consenso generalizado para determinar con exactitud en qué momento se puede hablar de un Estado institucionalmente fallido o de un Estado Fracasado. Sin embargo, con lo mostrado hasta aquí nos podemos hacer una idea más o menos clara del lugar en el que nos encontramos.
En este momento está en discusión en el Senado un documento para la reforma a los artículos constitucionales 11 y 73. Justificando la limitación al derecho de manifestación por su supuesta colisión con los derechos a la libertad de tránsito y a la movilidad universal, así como “al crecimiento económico, a la erosión de la vida social y a los efectos negativos al medio ambiente”, los legisladores del PAN, el PRI, el PVEM y el PANAL, pretenden regular algo que conceptualmente hablando es no-regulable, es decir, un derecho civil fundamental como la libre manifestación y la libre protesta.
Es importante considerar que actualmente dicho derecho de manifestación está ya limitado por el artículo 6 de modo que se presta a una amplia interpretación jurídica, a la razón de ideas vagas como “moral pública y paz pública”. Aun así, una ley secundaria que pretenda reglamentar un derecho negativo como el mencionado abrirá las puertas a un progresivo fenómeno innatural de limitación y eliminación de las libertades civiles. La aplicación de la reglamentación secundaria que se pretende puede considerarse un golpe de Estado blando, pues después de haber eliminado todos los derechos digitales el año pasado, con esta ley se estará dando el golpe de gracia a los derechos fundamentales.
Actualmente no existe seguridad ni certeza jurídica ni habeas corpus, por lo que regulando el derecho a la manifestación, a la organización y a la protesta solamente quedará en pie la simulación de un Estado constitucional. Podría ser que el Estado Mexicano no acepte convertirse en un Estado fracasado, pues sus líderes parecen dispuestos a pagar el costo de un golpe de Estado blando en el que los poderes públicos se rebelen a la sociedad civil, arrebatándole en una sola jugada maestra las pocas libertades que le restan. Si estas reformas tienen éxito podremos hablar de una nueva democracia autoritaria en México en la que el único pseudo-derecho del pueblo será la facultad de elegir cada tres o seis años a su verdugo.
Diego Pérez
Filósofo y politológo investigador en la Università degli Studi di Torino.
