Lo que necesitas saber:
El uso del término "crimen pasional" es en realidad un obstáculo para que haya verdadera justicia.
Gracias al trabajo de especialistas en temas judiciales y de derechos humanos, podemos mirar con seguridad que el sistema judicial mexicano se ha construido entre términos acuñados para ocultar las omisiones de las autoridades ante casos de violencia contra mujeres o las comunidades LGBT+, como el concepto de “crimen pasional”.
El uso de este concepto es viejísimo, desde hace décadas lo hemos visto en películas, portadas de periódicos y hasta telenovelas. Y resulta bastante complejo porque en esa construcción cotidiana también está la judicial.
Y pese a que el “crimen pasional” no existe como tal en el marco jurídico mexicano, hay quienes insisten en su uso para abordar, investigar y explicar casos de violencia extrema contra mujeres y personas de las comunidades LGBT+, provocando que no accedan a la justicia —además de otras consecuencias negativas.
Disfrazando la justicia de “crimen pasional”
A raíz de la noticia de la muerte de le magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes Jesús Ociel Baena, cuyo cuerpo fue hallado junto con el de su pareja Dorian Daniel Nieves, el 13 de noviembre en su domicilio; hemos visto en redes una y otra vez el concepto de “crimen pasional” para explicar este caso.
De hecho, la misma Fiscalía de Aguascalientes lo puso sobre la mesa el mismo 13 de noviembre, horas después de que se diera a conocer el hallazgo de le magistrade.
En aquel momento, la Fiscalía de Aguascalientes —uno de los estados más conservadores de México— indicó que este caso podría tratarse de un tema de “índole personal”.
La Fiscalía llegó a esta conclusión preliminar en pocas horas. Diciendo que no había daños en la vivienda o descartando la presencia de una tercera persona.
Sin embargo, atrás quedó el historial de denuncias que Ociel Baena presentó por violencia política y amenazas de muerte.
El 14 de noviembre la Fiscalía de Aguascalientes reforzó la versión de un ataque de “índole personal”.
Dio más detalles del momento de la agresión, pero poco se ha escuchado sobre cómo ha llevado a cabo la investigación.
Colegas de Ociel Baena —la primera persona no binaria en ser nombrada magistrada de un tribunal electoral mexicano y en todo el sistema judicial electoral de América Latina— y hasta la misma Segob han pedido una investigación con perspectiva.
Es decir, que para llegar a la verdad, la Fiscalía de Aguascalientes tome en cuenta las denuncias de le magistrade.
Su identidad como persona no binaria/no binarie y su activismo. La filtración de las fotos de su muerte. Mientras en las manifestaciones ciudadanas se ha escuchado fuerte y claro la consigna: “Crimen pasional, mentira nacional”.
El fantasma del “crimen pasional”, ¿de dónde salió?
Tomando como base las ideas de Occidente, la investigadora Sady Núñez nos cuenta en el trabajo ‘Entre la emoción y el honor: Crimen pasional, género y justicia en la Ciudad de México, 1929-1971′ que este término surgió en Francia durante la mitad del siglo XIX.
Tal vez algunos piensen que nació del mismo sistema judicial francés, pero lo cierto es que surgió como una expresión popular, que se refería a una acción de violencia extrema entre una pareja, causada por una “sorpresiva” alteración de la mente por celos, ira o desengaño.
En aquella época, de acuerdo con Sady Núñez, se desestimaban los casos considerados como “crimen pasional” porque las autoridades no consideraban a los agresores como peligrosos ya que… a casi casi a cualquiera le podía pasar.
Acá en México, seguimos con Sady Núñez, el término de “crimen pasional” se hizo popular en lo último del porfiriato, vía la prensa y la clasificación de los crímenes —que iban en el sentido del concepto popular francés.
Esta noción de “crimen pasional” se preservó no sólo en el sistema judicial, sino en la cotidianidad de la gente hasta que fue cuestionada.
¿Por qué no permite el acceso a la justicia?
Llegamos acá para reflexionar por qué este término —acuñado por la misma gente en el siglo XIX, sin una revisión de las leyes ni estudios— es incorrecto.
No sólo eso, por qué su uso imposibilita el acceso a la justicia. Empecemos por contextualizar nuestra época:
Vivimos en el siglo XXI, en un país que ejerce fuertes violencias contra grupos vulnerables —mujeres, comunidades LGBT+, personas con discapacidad, migrantes, niños y niñas.
Esas violencias no son aisladas. Son constantes, se repiten a la luz de las autoridades y a veces hasta ejercidas por las mismas.
Los feminicidios en México son un ejemplo de esa violencia —reforzada por las mismas autoridades.
¿Cuántas veces no escuchamos de casos que denuncian a las autoridades por no investigar una denuncia, sólo por el hecho de que creen que la víctima se “fugó” con su pareja? “Se fue con el novio”. Que hablen de casos aislados.
Con ese tipo de investigaciones se cierran todos los elementos que giran alrededor de los casos de violencia:
- El género. La violencia ejercida contra una mujer por el solo hecho de ser una mujer.
- Las amenazas constantes.
- El asedio sistemático.
- O la repetición de esta violencia.
Un concepto que crea estigmas y revictimiza
Este concepto aísla a las víctimas. Y no nos deja ver que por encima de una “emoción” hay un montón de factores que cruzan los casos.
Las intersecciones de las violencias en grupos vulnerables que van desde las condiciones económicas, identidad, orientación, expresión de género, género y hasta color de piel.
Con el “crimen pasional” se revictimiza a quien sufrió la agresión y su familia —al obligarlas a pasar por una situación que golpea su salud mental, integridad y autoestima.
Crea el estigma de que esas violencias entre pareja sólo las vive un tipo de población, en los casos de las comunidades LGBT+ o los feminicidios.
La importancia de investigar con perspectiva
En la mañanera del 14 de noviembre Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob (Secretaría de Gobernación) explicó que el gobierno de AMLO seguirá el caso de le magistrade Baena.
Y pidió a la Fiscalía de Aguascalientes una investigación con perspectiva de identidad de género, además de la aplicación del protocolo homologado LGBT+ y los criterios de interseccionalidad y perspectiva.
“Que no se descarte ninguna prueba y no se descarte el análisis del contexto”, dijo.
En México existe un protocolo para abordar los casos de violencia contra personas LGBT+ y mujeres.
En el primer caso, en teoría, las autoridades deben garantizar el respeto a la dignidad, la no revictimización, no criminalización y tener un enfoque especializado y diferencial. ¿La razón?
Estas poblaciones corren riesgo solo por existir. Sí, las mujeres, las poblaciones LGBT+, aunque de manera distinta, sufren distintas violencias basadas en el género, la orientación e identidad.
Dudas sobre las fiscalías
Las fiscalías han estado bajo la lupa de la gente en general por el historial que México ha tenido ante los carpetazos o intentos de carpetazos de estas instituciones.
Entre ellos está el caso de Debanhi Escobar, cuyo caso iba a ser cerrado por la Fiscalía de Nuevo León, que manejó la hipótesis de que la joven había caído en una cisterna y hoy investigan un feminicidio.
