Durante el confinamiento es posible que te hayas topado con alguna noticia sobre el cierre de carreteras o retenes para evitar la propagación del coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), estas medidas son restricciones que atentan contra el derecho al libre tránsito. Y no sólo las autoridades las han aplicado, estas restricciones también han sido retomadas por el crimen organizado.
Entre abril y mayo, distintos grupos del crimen organizado han aplicado retenes, cierres de fronteras estatales o municipales, toques de queda, amenazas al personal médico, aislamiento y hasta el cobro de “impuestos”, de acuerdo con el informe “Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19”, de la Segob.
¿Cuáles son las medidas que violatorias de los derechos humanos?
Antes de irnos con las acciones llevadas a cabo por el crimen organizado, vale la pena echarle un ojo a la respuesta de algunas autoridades estatales y municipales.
Desde las sanciones desproporcionadas hasta el cierre de fronteras, estas medidas representan acciones violatorias a los derechos humanos.
Así lo explica la Segob:
“Los gobernadores, al ser autoridad sanitaria, tienen facultades para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. No obstante, algunas acciones que estos han adoptado han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos“.
Por ejemplo, el caso de Alejandro Giovanni López —joven de oficio albañil que fue detenido el pasado 4 de mayor por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos y que posteriormente murió en custodia— reflejó que las sanciones dirigidas especialmente contra las personas físicas como las amonestaciones, multas y arrestos de hasta 36 horas terminan en el abuso por parte de las autoridades.
Es decir, este tipo de sanciones da pie para que la autoridad —policía municipal o estatal— aproveche la epidemia para cometer distintos abusos en la impunidad.
Durante marzo, abril y mayo las autoridades estatales y municipales llevaron a cabo 53 medidas extraordinarias que incluyeron el arresto administrativo y otras 71 medidas con posibilidad de multas. Baja California Sur, Zacatecas, Colima, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Sonora fueron algunos de los estados donde se registraron estas acciones extraordinarias que incluyen arresto administrativo.
Ojo, el riesgo de llevarlas a cabo incluyó la infiltración del crimen organizado en las acciones de castigos o filtros sanitarios.
El crimen organizado durante la epidemia
“La instauración de retenes sin vigilancia, temporalidad y actuación clara, con protocolos bien establecidos, puede convertirlos en puntos de injerencia de otros grupos que atenten contra la seguridad de las personas. Y esto puede ser aprovechado por los grupos del crimen organizado para controlar ciertos territorios“, se lee en el comunicado de la Segob.
Algo así como “salió más caro el caldo que las albóndigas”, pues estas acciones terminan poniendo a la población a merced del narco u otros grupos delincuenciales.
Según la Segob, el cártel de Sinaloa operó toques de queda en Culiacán y Los Mochis, en el pasado mes de abril.
El Grupo Sombra lo hizo mediante el aislamiento de la población en Tuxpan, Veracruz. El cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hizo lo propio con el cobro de “impuestos” en Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Y en Guerrero —aunque no se identificó a los grupos del crimen organizado— se sabe de toques de queda y amenazas contra el personal médico.
