Hace unos días informamos de la negativa de la Suprema Corte para llevar el juicio de amparo que interpusieron los creadores de “Presunto Culpable”, pero vamos por partes.
El pasado mes de julio, Layda Negrete y Roberto Hernández, productora y director del documental “Presunto Culpable”, recibieron un fallo por parte de la juez 17 de lo Civil respecto a un supuesto daño moral en contra de dos personajes que aparecieron en la polémica cinta sin dar su consentimiento, la sanción: el pago de 3 mil millones de pesos.
Resulta “curioso” saber que la obscena cantidad servirá para resarcir el daño causado a los demandantes Manuel Ortega Saavedra, ex comandante de la Policía Judicial y quien detuvo a Antonio Zúñiga, el personaje central del documental, quien –recordemos- mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, fue detenido por unos judiciales, para posteriormente encarcelarlo, enjuiciarlo y condenarlo a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Además de Víctor Reyes Bravo, cuyo testimonio sirvió para encarcelar a Zúñiga,
Para tales efectos, la juez Rosario Mancera se realizó un desahogo de pruebas sin permitir su grabación y sin la presencia de medios de comunicación, en invocación al artículo 59, fracción uno del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y el artículo 14, fracción uno, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por dichos impedimentos para dar a conocer lo que ocurría en los juzgados, el director y la productora de “Presunto Culpable” denunciaron en las redes sociales el acoso judicial, la censura y el trato intimidatorio hacia su persona.
El documental sirvió para dar a conocer las graves deficiencias del sistema judicial mexicano, lo cual –como bien señala Rogelio Guedea para El Financiero- no fue para el daño de un particular, sino para el mejoramiento de un sistema corrompido e injusto, es decir, el bien común.
Sin embargo las autoridades se rigieron conforme al “librito”, y decidieron privilegiar la ley y dejar a un lado lo justo. Puede que el daño moral contra el policía judicial y el testigo haya existido, pero lo que denunció el filme justifica el medio: ”es sabido que el bien común conforme a la justicia debe ser preferido al bien privado”.
En México a veces la ley no siempre se aplica en favor de la justicia. Cientos y cientos de veces hemos visto como políticos, funcionarios y delincuentes (que a veces es lo mismo) la retuercen de a cuerdo a sus intereses. Es ahí donde entra el razonamiento del juez, “porque el legislador no puede prever todas las circunstancias particulares, instituye las leyes que dirigen la mayor parte de los casos hacia su intención del bien común. Por tanto, si se dan casos en los cuales la observancia de tal ley es dañosa para el bien común, en tales circunstancias la ley no ha de observarse“, invoca Guedea a Santo Tomás de Aquino.”
… Pero nuevamente nos damos cuenta que en el sistema de justicia en México cuando la ley se aplica, no siempre busca la justicia.
