El pasado viernes 6 de octubre, Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas fue arrestado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en Ciudad Victoria. El exmandatario priista fue detenido mientras conducía su motocicleta junto con un grupo de amigos, por la carretera Victoria-El Mante. Hernández Flores es acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero; al político se le achaca la compra de un terreno de mil 600 hectáreas, propiedad del patrimonio del estado a través de una red de prestanombres y por la módica cantidad de 16 millones de pesos, muy por debajo de los mil 54 millones de pesos que valía en ese entonces.
El caso del exdiputado, quien también enfrenta acusaciones en Estados Unidos por su relación con el grupo criminal Los Zetas, se suma al de, al menos, otros 13 exgobernadores que en los últimos cinco años han enfrentado investigaciones por corrupción.
En la lista de ilustres exmandatarios se encuentran Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Andrés Granier Melo, de Tabasco; Jesús Reyna García, interino en Michoacán; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Roberto Sandoval, de Nayarit; Rolando Zapata Bello, de Yucatán; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Fausto Vallejo Figueroa, de Michoacán; Jorge Herrera Caldera, de Durango y Mario Anguiano Moreno, de Colima. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Le atinaron: todos emanaron de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En la mayoría de los casos, estos todavía cuentan con su protección partidista y sus derechos.
Eso sin contar a Fidel Herrera, Flavino Ríos, Mario Villanueva, Tomás Yarrington y políticos de otras organizaciones como los panistas Guillermo Padrés Luis Reynoso Femat y Gabino Cué, de Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con Alejandro Hope, colaborador del periódico El Universal, el regreso del PRI a la Presidencia de la República en 2012 fue entendido por muchos gobernadores como una “licencia para robar“. Estos actos de corrupción, dijo el especialista, provocaron una reacción por parte de la ciudadanía; esta presión, y la alternancia en algunas entidades, obligaron a las autoridades a actuar e investigar los millonarios desfalcos de los exmandatarios. Para pruebas, hay algunos ejemplos paradigmáticos: el ahora panista Miguel Ángel Yunes Linares ha sido el principal opositor de la gestión de Duarte de Ochoa, su antecesor; el panista Javier Corral Jurado ha buscado encarcelar a Duarte Jáquez y entregado pruebas en su contra; el ahora perredista Carlos Joaquín González ha hecho lo propio con Borge Angulo.
Desde su llegada a la dirigencia nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza ha enarbolado un discurso en contra de la corrupción. Las palabras, ciertamente, no se han llevado a los hechos. En una entrevista para El Financiero, antes del proceso electoral en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, el priista definió el caso de Javier Duarte como una vergüenza para el país, aunque aseguró que su partido político estaba, actualmente, “libre de los pecados de la corrupción”. En la charla, Ochoa Reza dijo que en caso de que el Revolucionario Institucional detectara nuevos casos de corrupción por parte de sus militantes, serían los primeros en demandar una investigación y castigo a los responsables.
Sobre la reciente detención de Hernández Flores, el dirigente no ha dicho ni pío; sólo se limitó a cancelar su gira por Tamaulipas, pactada para un día después del arresto del exgobernador. De acuerdo con un ejercicio realizado por el portal Nación321, el delito por el que más se ha acusado a los exmandatarios es el de lavado de dinero.
La corrupción frena el desarrollo económico, deslegitima a las instituciones e incrementa la desigualdad. De acuerdo con la socióloga María Amparo Casar, autora de Anatomía de la Corrupción, debido a este fenómeno se pierden entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) al año, lo que equivaldría a 23.1 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México o 9.1 veces el presupuesto total de los programas de subsidio de Sedesol.
La corrupción, tal cual, es imposible de medir. Hasta ahora sólo existen aproximaciones al fenómeno y los índices se elaboran a partir de la percepción que los ciudadanos tienen sobre el problema. México ocupa posiciones nada halagadoras de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, realizado por Transparencia Internacional:
- México ocupa la posición 28 de 32 países en América.
- De los 19 países integrantes del G-20, México es el 18 más corrupto.
- Nuestro país es el país más corrupto de los miembros de la OCDE: 32 de 32.
- México ocupaba el sitio 123 de 176 a nivel global en 2016, aunque los estudios más recientes indican que ha caído hasta 28 posiciones en el ranking sobre corrupción en el primer mes de 2017.
