Las reformas para proteger a los toros de los amantes de la fiesta brava se hicieron desde enero de 2021. Sin embargo, el entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, las vetó. Pero ahora que ya ahuecó el ala, van de nuevo.

De manera unánime, el Congreso de Sinaloa le dio pa’tras al veto que Quirino Ordaz Coppel le puso a las reformas con las que habían quedado prohibidas las corridas de toros en el Estado.

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Foto: Pixabay

Visto desde un punto de vista más “acá”, el congreso local indica que se aprobó regresar el Decreto 581, el cual había recibido luz verde por la 63 Legislatura, esto el 28 de enero de 2021.

Con este rechazo el Poder Legislativo sinaloense mantiene las reformas de protección animal (…) prohibiendo, sancionando y tipificando como delito el espectáculo de tauromaquia”, señala el boletín emitido por el Congreso de Sinaloa.

En dicho decreto (el 581), se establecen cambios a la Ley para la Protección de los Animales. Además, se asientan reformas a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable y al Código Penal.

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Lo anterior se traduce en el incremento de las penas hacia los agresores de animales. Así, podrían pasar de cuatro a seis años en prisión de ser encontrados culpables del delito… en lugar de los 500 pesitos de multa que antes tenían como “castigo”.

Reformas a la ley no sólo prohíben las corridas de toros

De acuerdo con El Sol de Sinaloa, el decreto que vuelve a cobrar vida deja completamente definido y tipificado como delito a la zoofilia. Además, se establece la creación de Centros de Bienestar para la protección de animales.

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Foto: Twitter (@toroslamerced)

Pero no todo es felicidad. Aunque ya queda prohibida la tauromaquia, el decreto no tiene el mismo alcance para otro tipo de espectáculos en los que el ser humano se pasa de lanza con los animales. Así que todavía hay chance de realizar espectáculos de charrería y peleas de gallos.

La razón de lo anterior es que en las peleas de gallos existen apuestas… y como éstas son de orden federal, ahí no puede intervenir el Estado. Que dicen que sería “anticonstitucional”, ya que el Congreso local invadiría esperas que no son de su competencia.

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