La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desechó la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para crear las normas 30 y 31, mismas que reemplazarían a la norma 26, la cual regula la construcción de vivienda popular y social en la ciudad de México…pero ¿Por qué estas normas eran tan malas para la ciudad?
Las normas 30 y 31 promovían el enriquecimiento de las constructoras con subsidio del Gobierno del Distrito Federal, pues permitirían construcciones en zonas sin la infraestructura ni los servicios adecuados, además de que empeorarían la movilidad dentro de la ciudad.
Tal vez lo más insultante de todo es que utilizaban un tema tan noble como los desarrollos de interés social para el provecho de unos pocos. Con las nomras 30 y 31 se hubiera permitido hacer más ricos a los que ya lo son con dinero de la ciudadanía, en vez de beneficiar a todos los que buscan una vivienda en esta ciudad. Esto quedaba posibilitado ya que permitían que se construyeran viviendas de interés social en zonas donde la vivienda y el terreno son sumamente caros, lo que, después de un periodo de 5 años, permitiría que se vendieran con los elevados precios de la zona.
Al final, los que deberían ser beneficiados por el subsidio a las construcciones de interés social no podrían pagarse ninguna de esas viviendas y los edificios, levantados con los impuestos de todos, terminarían siendo vendidos como viviendas para la clase alta.
Los ganones en todo esto eran las inmobiliarias, pues creaban un complejo con subsidios en una zona rica y, todavía, tenían derecho al 20% del mismo.También hubieran resultado ganones aquellos a quienes se les hubieran asignado tales viviendas. Lamentablemente, los criterios para elegir a los ganadores no eran claros, así que se prestaba a toda clase de amiguismos. En una palabra, los derechohabientes no hubiesen visto ni un solo beneficio del subsidio.
Es más, el 78% de las viviendas de interés social construidas con el subsidio bajo la (de por sí ya mal planteada) norma 26 no han cumplido con el criterio de precio de venta: resultaron ser más caras de lo proyectado.
Además, no había un límite sobre la cantidad de pisos que podrían tener dichas viviendas (una toma de agua para diez personas podría ser explotada para 100 o más, lo cual se traduce en un desabasto y una sobre explotación de la infraestructura).
¿Qué pasará con estas normas?
El presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, Manuel Granados, anunció que su órgano no ha dado entrada, ni lo hará en un futuro, a ninguna inciativa de ley en tanto no se dé una amplia discusión y revisión de todas las propuestas que se hagan por todos los grupos parlamentarios y la sociedad civil.
«Una política pública clara en beneficio de la ciudad por lo que hace a la vivienda social y al desarrollo económico, que protejan pueblos, barrios y centros históricos en esta capital».
El titular de la Seduvi, Simón Neumann expresó:
«Estamos buscando generar certeza, credibilidad y confianza en los criterios de factibilidad y mecanismos de control jurídico y observación ciudadana»
«Recordemos que la ciudad de México hoy día demanda una mejor estructura urbana, una mejor y eficiente movilidad de sus habitantes y una distribución equitativa de los servicios básicos como son agua potable, educación y salud, entre otros».
Por otro lado, las organizaciones ciudadanas y los representantes vecinales no están del todo satisfechos. Según la organización Suma Urbana, ni la PAOT, ni los legisladores locales y, ni mucho menos, el titular de la Seduvi, tuvieron el valor «de manifestarse en contra o en favor de las normas» y solo han dado largas al asunto.
Que las normas estén congeladas no implica que la ciudad de México esté protegida contra los abusos de las inmobiliarias, hace falta hacer legislación clara al respecto.
