La Constitución de la Ciudad de México se promulgó el pasado 5 de febrero, coincidiendo con la conmemoración de los 100 años de la Carta Magna Federal. Justo como se había planeado. A pesar de que su redacción se dio entre estirones, jalones y estuvo amenazada por lo apremiante del tiempo y de los plazos establecidos para su entrega, el documento logró ser aprobado conforme a lo planificado. La elaboración del texto fue presumida desde su génesis como enteramente progresista y una vez que se terminó de redactar, fue definido por algunos de sus redactores como “de izquierda” e incluso mejor que la Constitución Mexicana.
Entre algunas de las propuestas que sí lograron hacerse un huequito en la primera Constitución de la CDMX se encuentran la eliminación del fuero para los servidores públicos, el derecho a una muerte digna, el uso médico de la marihuana, la aprobación del matrimonio civil igualitario, el derecho al aborto, la revocación del mandato y el trato digno a los animales. Ahora la Procuraduría General de la República, dirigida por Raúl Cervantes, presentó una acción de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar 39 conceptos que invaden leyes o facultades federales.
De acuerdo con fuentes consultadas por el periódico Reforma, el recurso fue presentado el pasado martes 7 de marzo y fue turnado al Ministro Javier Laynez, quien al día de hoy no ha notificado sobre la admisión a trámite de la demanda. Entre los conceptos de invalidez que formuló el procurador Cervantes se encuentran regulaciones en materia de derechos humanos como las garantías de asociación, identidad, no discriminación e igualdad, libertad religiosa y secreto profesional que plantea la Constitución chilanga, afirma la publicación.
Además de la PGR, el Poder Judicial de la Ciudad de México, Morena y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la CDMX se han sumado para impugnar algunos artículos de la Carta Magna chilanga. El TSJ local presentó una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37, al argumentar que estos violan la autonomía e independencia del Poder Judicial en la capital.
